Siete vecinos de Arenys de Munt, Barcelona, Pont de Vilomara, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat y Vilanova i la Geltrú serán juzgados en la Audiencia de Barcelona a partir de este martes por haberse manifestado en apoyo de la investidura fallida del presidente Carles Puigdemont, el 30 de enero de 2018, en el Parque de la Ciutadella. La Fiscalía pide para cada uno tres años de prisión por los delitos de desórdenes públicos y de atentado contra la autoridad. Y por el delito leve de lesiones, una multa de 600 euros a cada uno e indemnizar con 80 euros a cuatro agentes de los Mossos y con 200 euros a uno de ellos. La Generalitat se retiró del procedimiento, hecho que provocó un efecto contrario al deseado por las defensas de los activistas independentistas, la mayoría representados por abogados de Alerta Solidaria, que exigieron esta retirada del Govern. El juicio empieza este martes en la sección 5.ª de la Audiencia de Barcelona y se han programado tres sesiones más: 23, 29 y 30 de noviembre.
La Audiencia de Barcelona aplazó este juicio contra los siete activistas hace casi un año. En la sala de vistas, el abogado de la Generalitat -cumpliendo un acuerdo con la CUP- anunció que se retiraba del procedimiento penal porque no quedaba claro la autoría de las lesiones a los policías, único supuesto por el cual el Govern mantiene las acusaciones a activistas. La medida provocó un efecto contrario al deseado para los activistas. La sección 5.ª de la Audiencia de Barcelona aplazó la vista para que los mossos que supuestamente habían sufrido lesiones en la manifestación y se quedaban sin representación jurídica nombraran a un abogado. La mayoría de los agentes que han presentado acusación particular son representados por el abogado José María Fuster-Fabra, que representa el Sindicato de Policías de Catalunya (SPC). Con estas nuevas acusaciones particulares, los mossos no pueden pedir más penas que las solicitadas por la Fiscalía, ni nuevos delitos. Hay más casos en que retirada la Generalitat como acusación, los policías se personan como acusación particular. Este juicio de los siete acusados es, pero, el paradigmático.
Las acusaciones de la fiscalía
En el escrito de acusación, la Fiscalía expone que unas 5.000 personas se concentraron por la mañana en los alrededores del Parlament, el 30 de enero de 2018, para la investidura fallida del presidente Carles Puigdemont, que se marchó al exilio en octubre de 2017. Un millar entró en el parque de la Ciutadella, un grupo "con estética antisistema", según el ministerio fiscal, "agitó la masa", e hizo mover las vallas, y los siete acusados dieron "puñetazos y empujenes" a agentes de la policía catalana que protegían la puerta de la cámara catalana. Cinco agentes resultaron heridos leves por golpes en los hombros y uno en los genitales, y la Fiscalía pide que sean indemnizados con 80 euros y uno de ellos con 200 euros. Después de aquella manifestación, el Departament de Interior anunció que podría multar a los manifestantes que provocaron disturbios.
sta de Tsunami al Barça
Este no es el único juicio programado esta semana contra independentistas. La Audiencia de Barcelona ha finalizado este lunes el juicio al activista Víctor Verdejo, que se movilizó contra la sentencia del Supremo en la convocatoria de Tsunami Democràtic en el Camp Nou. La Fiscalía ha mantenido la petición de 7 años de prisión por los delitos de desórdenes agravados, atentados agravados y lesiones. La abogada del acusado, Norma Pedemonte ha puesto en cuestión las lesiones de los agentes, incluido un dedo roto, según ha informado Alerta Solidaria.
Los once encausados de Lleida
Y este miércoles, la sección 2.ª de la Audiencia de Lleida empieza a juzgar once vecinos acusados de desórdenes públicos, atentado contra la autoridad, daños en el edificio público y lesiones por haber participado en la protesta en la Subdelegación del Gobierno en la ciudad, contra la detención del presidente Puigdemont en Alemania, en marzo de 2018. La Fiscalía les pide penas de 5 años de prisión. La sesión continuará el jueves. El sábado un millar de personas participaron en una manifestación para reclamar la libertad de los Once de la Subdelegación, como se conoce el caso, en el que los procesados na de afrontar un total de 40.000 euros de multa. El rapero Pablo Hasél, que cumple condena en la prisión, es uno de los acusados.