Victòria Álvarez no estará entre los 200 testigos citados por la Fiscalía en el juicio del caso Pujol. Según recoge la agencia EFE, en su escrito de acusación el ministerio Fiscal no solicita que se cite a declarar como testigo a la expareja de Jordi Pujol Ferrussola a raíz de sus conexiones con el comisario Villarejo aunque ella interpuso la denuncia original contra el clan.
En diciembre de 2012, Álvarez denunció primero delante de la policía y posteriormente ante el juez que había acompañado a su pareja en aquel momento, en viajes a Andorra, en los cuales, según su relato, el primogénito del expresidente llevaba mochilas con gran cantidad de billetes de 500 euros. Una acusación que, según ella misma reconoció posteriormente, había sido instigada por el comisario Villarejo.
Ahora, justamente es esta relación la que hace que no haya sido llamada a declarar, ya que las defensas podrían enmarcar a su testimonio en las maniobras de la "policía patriótica". Esta ya estuvo a punto de contaminar la causa por el pendrive con información de los Pujol que llevaron a la Audiencia Nacional, según reconocieron los mismos jueces que juzgaron este asunto. Así y todo, la Fiscalía ha pedido que se adjunte como prueba documental el DVD de la declaración de Álvarez y la denuncia que presentó en el 2013 asegurando que sus comunicaciones telefónicas y telemáticas estaban interceptadas.
La fiscalía tampoco cita de Rosa
La Fiscalía tampoco interesa a la declaración como testigo del empresario Javier de la Rosa, aunque una de las cuestiones que se dilucidarán en el juicio es si Jordi Pujol Ferrusola cobró una comisión en una operación vinculada a Grand Tibidabo. Sin embargo, igualmente solicita que se adjunte su declaración incriminando a la familia como testimonio documental.
Fueron justamente las declaraciones de Álvarez y del empresario que facilitaron que en 2012 la Audiencia Nacional abriera una investigación en torno a las actividades económicas de Jordi Pujol Ferrussola. Posteriormente, en el 2014, la carta de Jordi Pujol donde confesaba la existencia de una fortuna oculta en Andorra hizo que un juzgado de Barcelona abriera diligencias contra la familia. Una causa que permitió expedir comisiones rogatorias y obtener información bancaria sobre los movimientos de sus cuentas en el Principado y que acabó unificándose con la que tenía en marcha la Audiencia Nacional.
200 testigos
En cambio, la Fiscalía sí cita como testigos a Jordi Puig, hermano del exconseller Felip Puig; el administrador de Hispart, Juan Manuel Parra, condenado por el caso del Palau de la Música; el excap de Govern de Andorra, Òscar Ribas; así como varios empresarios como Javier Suqué, de Inverama y uno de losdueños del grupo Peralada; y Xavier Teuler, exconsejerodelegado de Copisa. También están incluidos a la lista ex altos cargos del Barça. Se trata de Carles Tusquets, expresidente de la junta gestora; el exdirectivo del club Jaume Ferrer, que ostentó el cargo durante el primer mandato de Laporta; y Jaume Masferrer, directivo y mano derecha de Bartomeu.
En su escrito, las conclusiones del cual y argumentos principales ya dio a conocer el viernes pasado el ministerio público, la Fiscalía sostiene que el expresidente Pujol aprovechó "su posición política para tejer una red de clientelismo conforme a la cual" él y determinados empresarios afines al partido que lideraba, la extinta CDC, "se repartían los copiosos beneficios procedentes de concursos públicos cuya resolución dependía de las diferentes administraciones catalanas bajo el control de CDC". Después, el patrimonio que ganaba "ilícitamente" se ocultaba a Hacienda y afloraba más tarde "mediante sistemáticas operaciones de blanqueo en las cuales intervinieron los miembros de la familia Pujol de manera coordinada a lo largo de muchos años".