¡Firme! La Fiscalía Superior de Catalunya ha informado a ElNacional.cat de que no presentará recurso contra la sentencia que rebaja de cinco años a dieciocho meses la prisión al activista de Badalona Marcel Vivet, dictada la semana pasada por la sala de apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). La acusación particular, ejercida por el agente de los Mossos herido levemente, tampoco presentará recurso. Esto implica que la resolución es firme y que Vivet ya no corre el peligro de tener que entrar a una prisión a cumplir el castigo, ya que sin antecedentes, el mínimo para ingresar se fija en dos años de prisión, aunque cada tribunal puede resolver ejecutar el ingreso a un penal. El recurso en casación, es decir, ante el Tribunal Supremo, es técnicamente muy difícil, ha admitido la fiscalía. Además, el recurso tiene que estar acotado a la aplicación incorrecta de una norma o delito.
La Audiencia de Barcelona condenó a Marcel Vivet por haber herido levemente a un agente de los Mossos d'Esquadra en la protesta Holi contra la manifestación Jusapol, en Barcelona en el 2018, a dos años de prisión por un delito de desórdenes públicos y a tres años más por atentado contra la autoridad, y a pagar una multa de 600 euros por un delito leve de lesiones al agente lesionado, al cual tiene que indemnizar con 1.511 euros. En la nueva resolución, el TSJC, lo condena a un año de prisión por desórdenes públicos y a seis meses por atentado contra la autoridad, además de una multa de 180 euros, y mantiene la indemnización al agente. La rebaja es porque no considera un objeto peligroso el palo de la bandera con el cual golpeó a la muñeca del agente, hecho que agravaba las penas. El palo se rompió en la acción porque era frágil, según el tribunal, que afirma que como desconoce su naturaleza, no se puede aplicar una agravante.
Reacciones
Al saberse la resolución, los compañeros de Vivet mostraron su satisfacción con el lema "Resistir es vencer". Con todo, en el comunicado se expresaba que "es una vergüenza" que no se haya dictado la absolución de Vivet como de Adrià Catasús, a quien la fiscalía le pide seis años de prisión por participar en la misma protesta Holi y herir al mismo agente de los Mossos. La defensa de Vivet, ejercida por Carlos Hurtado, expuso que los Mossos habían usado el mismo atestado para culpar a los dos jóvenes y pedía la absolución de Vivet. El TSJC, sin embargo, ha aclarado que eran dos acciones diferentes contra el mismo agente. En el primer caso, Vivet le dio un golpe en la muñeca con el palo de la bandera que le provocó lesiones leves, y en el caso de Catasús, un golpe en la cabeza, que no le provocó lesiones.
Por su parte, el abogado José Antonio Bitos, que ha ejercido la acusación particular en nombre del agente herido en el trámite final en e TSJC, ha considerado satisfactoria la resolución del tribunal, puesto que, a pesar de reducir la condena de Vivet, valida la acusación mantenida por el mosso. Ha precisado que el tribunal ha mantenido la condena por el delito de lesiones leves, que la Generalitat quería excluir en el trámite de apelación. Ha añadido que se ha descartado la existencia de la doble minuta policial y que "la actuación del agente de la Brimo fue impecable". Vivet no tendrá que entrar a prisión a cumplir la condena, pero, no podrá delinquir en tres años, ha recordado.
Perjudicados
El caso Vivet ha sido el primero en el cual la Generalitat se retiró como acusación particular, a petición de la CUP en los casos de los delitos de desórdenes públicos en manifestaciones. No obstante, en casos ya abiertos ha perjudicado a ciertos manifestantes, sobre todo donde hay agentes heridos porque estos han contratado abogados particulares, en lugar de la Generalitat, que han mantenido acusaciones más altas o como la fiscalía. Vivet fue a la última comisión parlamentaria de Interior, donde el conseller Joan Ignasi Elena explicó que al entrar en el departament acordaron retirarse como acusación. En apelación, sin embargo, la Generalitat no pidió la absolución de Vivet si no rebajarle la condena a seis meses de prisión.
Un caso polémico también es el de la retirada de la Generalitat como acusación particular por los disturbios en la Ciutadella en la investidura fallida de Carles Puigdemont en enero del 2018. La Audiencia de Barcelona retrasó el juicio, previsto el noviembre pasado contra siete independentistas. El tribunal dio quince días a los mossos lesionados para que se buscasen un nuevo abogado y después se podría volver a señalar nueva fecha para celebrar la vista. Las defensas protestaron por el retraso al considerar que la Generalitat no representaba formalmente los agentes y que estos se tenían que haber personado anteriormente. La fiscalía pide a los manifestantes tres años de prisión y la Generalitat les pedía dos por atentado y desórdenes, pero no por lesiones.