El Tribunal Supremo ha dejado vista para sentencia la demanda de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, contra María Jesús Montero: reclama 40.000 euros a la vicepresidenta primera del Gobierno por vulnerar su derecho al honor cuando afirmó en el Senado que vive en un piso que “se pagó con fraude a la Hacienda Pública”. “Son expresiones muy graves que desbordan la libertad de expresión, [que] no ampara descalificaciones contra una persona atribuyéndole hechos o conductas que puedan desacreditarla”, ha lamentado la abogada Guadalupe Sánchez durante la vista pública ante la Sala de lo Civil del Supremo. “No es un cargo público ni lo ha ostentado nunca, no tiene redes sociales, difícilmente se le puede atribuir la condición de personaje público que él nunca ha buscado. […] Tiene como finalidad última atacar a su pareja sentimental”, ha remachado la abogada de Alberto González Amador (que es la misma que presentó la demanda de Juan Carlos I contra Miguel Ángel Revilla).
Lejos de estos argumentos, la Fiscalía y la Abogacía del Estado (que defiende a la ministra) han pedido que se rechace la demanda. El fiscal Javier Muñoz ha argumentado que puede haber una “crítica agria, molesta, malsonante, sin que se llegue a vulnerar el derecho al honor”, ha apuntado que el novio de Ayuso tiene “proyección pública, lo quiera o no lo quiera” y ha esgrimido que referirse a él como “defraudador confeso” no implica atribuirle una condena penal: “Que sea confeso o no confeso es una expresión, no quiere decir que esté condenado, quiere decir que ha admitido algo y eso existe”, ha justificado.
Por su parte, el abogado del Estado José María Molero ha argüido que González Amador “no es un simple particular” o un “particular al uso”, sino que “su nombre, sus dos apellidos, el sitio en el que trabaja son perfectamente conocidos”. “No lo es desde que participa activamente en un debate público cuando su núcleo más cercano se refiere a esta situación”, ha añadido Molero, que ha señalado que es él mismo quien “se coloca de forma consciente en una posición con protagonismo”. “Esa expresión no debe reducirse a su significado jurídico penal, estamos en un debate político. Determinadas expresiones pueden ser malsonantes, pero existen correos en los que manifiesta expresamente que se han cometido dos delitos”, ha remachado.
“No se ha producido ninguna confesión”
Durante la vista, Guadalupe Sánchez ha aludido directamente a la relación sentimental de González Amador con Ayuso argumentando que es “absolutamente falso” que la pareja de Ayuso “haya declarado la confesión de delito alguno” porque “no hay sentencia condenatoria que así lo declare” y alegando que el hecho de que sean pareja “no justifica” que “se le tilde de delincuente confeso o se le acuse de forma reiterada de haber adquirido su vivienda con un fraude fiscal”. “No se ha producido ninguna confesión ni se ha alcanzado ningún acuerdo de conformidad [con la Fiscalía]”, ha subrayado. Aunque la instrucción del caso de fraude fiscal sigue en marcha y todavía no hay una sentencia, hace más de un año el abogado de González Amador reconoció los hechos en un correo enviado a la Fiscalía: “Ciertamente, se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”. Además, hoy su abogada ha presentado un correo que, por error, la Secretaría de Estado de Comunicación envió a los medios de comunicación el 3 de diciembre con un argumentario contra la pareja de la presidenta madrileña.
“Podría estar viviendo en un piso pagado con fraude”
¿Qué declaraciones de Montero llevaron a González Amador a demandarla? El origen fue una sesión de control al Gobierno en el Senado el 12 de marzo, el mismo día que elDiario.es informó que la pareja de Díaz Ayuso había sido denunciado por defraudar más de 350.000 euros a Hacienda y que la presidenta madrileña reside en un piso de un millón de euros que él compró después de que Hacienda lo estuviese investigando. La vicepresidenta primera del Gobierno verbalizó que Ayuso podría estar viviendo en un “piso que se pagó con un fraude a la Hacienda Pública y con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia”.
La cronología del caso tiene tres fechas relevantes. La primera es el 2 de octubre, que fue cuando María Jesús Montero y sus abogados (que podían acudir en su representación) dieron plantón a Alberto González Amador en el acto de conciliación (como paso previo a la presentación de la demanda civil) que tenía como objetivo que la ministra se retractara de sus afirmaciones. Un mes y medio después, el 14 de noviembre, la pareja de Ayuso formalizó la demanda contra Montero en el Supremo. Cuatro semanas más tarde, el 16 de diciembre, el Alto Tribunal admitió a trámite la demanda al constatar que González Amador reunía los “requisitos de capacidad, legitimación y postulación para comparecer en juicio”. Y ahora tendrá que emitir una sentencia.