La Fiscalía de la Comunidad de Madrid se ha opuesto a la suspensión cautelar de la comisión rogatoria de Andorra contra Mariano Rajoy, medida que había solicitado el expresidente del Gobierno en el marco de la Operación Catalunya. El ministerio público da así su visto bueno al auxilio judicial y responde al llamamiento del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, que había paralizado la comisión rogatoria hasta que tanto la Abogacía del Estado como la misma Fiscalía se pronunciaran al respecto —antes de este jueves a las 14.00 horas—. Ahora, entonces, falta que se pronuncie la Abogacía del Estado.
Según la Fiscalía, el argumento de Rajoy para la suspensión cautelar encubre "realmente" un juicio sobre la actuación del juzgado de instrucción 32 de Madrid y la sección de la Audiencia Provincial —que ya rechazaron suspender cautelarmente la ejecución de la comisión rogatoria por la vía penal—. El escrito del ministerio público también subraya que el "cuestionamiento" que se hace a la actuación de la Dirección General de Cooperación Internacional de dar curso a la comisión rogatoria de Andorra "sería en su caso un examen de legalidad ordinaria" que no vulnera el derecho a la igualdad.
El argumento de Rajoy
La defensa alega que el expresidente español vio vulnerados sus derechos porque el juzgado, cuando dio trámite a la mencionada comisión rogatoria, no realizó el "previo control de legalidad de conformidad con la legislación nacional y convencional en materia de cooperación internacional". La Audiencia Provincial de Madrid le dio la razón para considerar que el juzgado tendría que haber estimado los recursos contra la comisión rogatoria de Andorra, pero precisó que no podía admitir los recursos de queja porque la jueza ya había actuado y dado respuesta al Principat. Así, avaló el auxilio judicial brindado a las autoridades andorranas.
El pronunciamiento de la Fiscalía llega dos días después de que el TSJ de Madrid paralizara de forma cautelarísima, sin escuchar a las partes, la tramitación de la comisión rogatoria a petición de Rajoy y también del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Una vez reciba el informe, tanto del Ministerio Público como de la Abogacía del Estado, el tribunal decidirá si mantiene la paralización. Recordemos que se trata de un procedimiento judicial que es consecuencia de la querella que presentaron el Instituto de Derechos Humanos de Andorra y el expresidente de la Banca Privada de Andorra (BPA) contra Rajoy y otros dirigentes del Partido Popular. Los querellantes piden investigarlos por supuestas presiones a BPA con el objetivo de obtener información de políticos catalanes durante el procés.