La Fiscalía pide para el exalcalde de Badalona del PP, Xavier Garcia Albiol, 2 años y diez meses de prisión y 10 años de inhabilitación a cargo público por el delito continuado de prevaricación, un delito continuado prevaricación urbanística, y otro de prevaricación ambiental por la instalación de dos antenas de telefonía sin licencia entre el 2012 y el 2018 en terrenos de titularidad municipal, en el Turó d'en Caritg, al lado de la comisaría de la Guardia Urbana según ha avanzado este jueves El Periódico y ha confirmado ElNacional.cat a través de la Fiscalía General del Estado (FGE). Además de Albiol, que se vuelve a presentar a las elecciones municipales 2023, del próximo mayo, la Fiscalía también acusa a concejales de la época de Albiol, como el popular Miguel Jurado, exconcejal de Seguridad; y actual candidato del PP a la alcaldía de Santa Coloma de Gramenet, y también del gobierno posterior, como el republicano Oriol Lladó, teniente de alcalde de Urbanismo del 2015 al 2018.
La investigación del caso de las antenas se concluyó por el juzgado de instrucción 4 de Badalona el octubre de 2021, y hasta ahora no se ha presentado el escrito de acusación de la Fiscalía, seguramente ante los recursos presentados. Por ahora, solo ha transcendido la petición de castigo para el alcaldable popular en Badalona y los delitos que se piden para todos los encausados. En concreto, un delito continuado de prevaricación en concurso con un delito continuado de prevaricación urbanística, un delito de prevaricación ambiental, en su modalidad de silenciar la infracción de normas ambientales y no hacer inspecciones obligatorias.
Más de 17.000 euros sin cobrar
La sección especial de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía de Barcelona interpuso una querella por la instalación sin licencia de estas antenas de telefonía móvil. Sostiene que el equipo del alcalde Albiol autorizó la instalación en 2012 de las antenas, supuestamente para poder conseguir dinero de la compañía de telefonía para reformar la comisaría. Para la fiscalía, la instalación de las dos antenas fue “abiertamente irregular”, puesto que requerían una licencia urbanística que no consiguieron. Telefónica también instaló una estación móvil con autorización verbal de responsables del consistorio.
Las dos antenas funcionaron de forma ininterrumpida hasta el 2018, cuando las empresas las retiraron sin que nadie se lo pidiera. El Ayuntamiento no percibió ningún ingreso económico por estas instalaciones. La Oficina Antifraude de Cataluña calculó que el consistorio badalonés habría dejado de recibir unos 17.000 euros por estas dos instalaciones. La Fiscalía reclama este dinero a los encausados.