La Fiscalía pide 2 años de prisión para cada a uno de los tres investigados por haber realizado en Twitter (X) "expresiones humillantes e hirientes" contra una familia de Canet de Mar,  el diciembre del 2021, que consiguió que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ordenara a la escuela Turó del Drac que la clase de P5 donde va su hija se realicen el 25% de las clases en castellano. La fiscal de delitos de Odio y Discriminación, Marta Glória López, acusa a los tres vecinos de un delito contra la integridad moral de los padres y de la menor, a los cuales pide que indemnicen con 9.000 euros, según recoge el escrito de acusación, al cual ha tenido acceso ElNacional.cat este martes.

Los tres encausados aseguraron que los mensajes en Twitter se enmarcan en el derecho a la libertad de expresión, el humor y en el debate sobre la judicialización del uso del castellano en la escuela catalana, realizada por partidos y entidades unionistas. Sin embargo, la Audiencia de Barcelona desestimó archivar la causa que le pidió la abogada de uno de los investigados, a los cuales la fiscal reprocha que  a día de hoy "no han retirado los mensajes ni han pedido disculpas". Ahora, Javier Pulido, el padre de la menor que al final se presentó en el procedimiento, tiene que presentar su escrito de acusación, y después las defensas, la petición de la absolución para los tres procesados. Y, finalmente, se ha de hacer el juicio.

Mensajes delictivos

En el escrito de acusación, la fiscal reproduce  algunos de los mensajes, enviados el diciembre de 2021, que considera delictivos y de los cuales  afirma que en Twitter se creó "un movimiento hostil" contra la familia de Canet de Mar que consiguió más clases de castellano para su hija de 5 años. Los padres y la menor sufrieron "angustia, aislamiento y dolor", añade la fiscal.

Así, por ejemplo, considera delictivo el mensaje de Carlos, que dice: "Entonces crear el grupo P5Ñ, ponéis el niño solo y le hacéis 50-50". Y también sostiene que tildó a la familia de terrorista. Añade que Jaume y Jorge, los otros dos investigados, también promovieron el aislamiento de la familia, y asegura que intentaron identificarla  para que fuera asediada.
 

Defensa del catalán

En este sentido, la fiscal recuerda que el TSJC dictó, el 9 de diciembre de 2021, una resolución en la cual requería el conseller de Educación y a la dirección del centro educativo medidas para "preservar la intimidad  de la menor, y la normal convivencia en el centro". Con todo, no se produjo ningún problema entre las familias de Canet de Mar.

Antes al contrario, un grupo de 30 de familias de del centro de Canet de Mar se personó en la causa del 25% de castellano para defender que sus hijos tenían derecho a la educación en catalán y se les desestimó, al considerar el TSJC que ya tenían este derecho garantizado.