El exalcalde de Sabadell, el socialista Manel Bustos, tiene que afrontar un nuevo juicio, en este caso por un tribunal popular, acusado de malversar fondos de la Federación de Municipios de Catalunya (FMC), cuando era presidente de esta entidad entre los años 2011 y 2012. La Fiscalía Anticorrupción pide para Bustos 2 años y 1 mes de prisión y 4 años y 1 mes de inhabilitación especial por empleo o cargo público en la administración local por el delito continuado de malversación de caudales públicos, e indemnizar a la FMC la cantidad de 5.565 euros en concepto de responsabilidad civil, que es el dinero que gastó en comidas en restaurantes y viajes e hizo pagar como gastos de su cargo a la FMC. La Plataforma Sabadell Lliure de Corrupción (SBDLC), que ejerce de acusación popular, ha comunicado este martes que pide la misma pena que la Fiscalía para Bustos en esta pieza 25 del caso Mercurio. Bustos dejó el cargo de alcalde en el 2013.
Manel Bustos ingresó en la prisión el 12 de enero de 2022 para cumplir la condena de 3 años de prisión por haber ordenado al jefe de la policía local que retirara multas a su familia. Es la segunda condena del por el caso Mercurio. La primera condena, de un año y 9 meses de prisión por tráfico de influencias, fue suspendida. Tres meses después de estar en prisión, el Departament de Justicia le concedió el tercer grado, que permite dormir fuera de la prisión, permiso que fue revocado por el juez de vigilancia penitenciaria. Y, en enero pasado, el Departamento de Justicia flexibilizó el régimen penitenciario del exalcalde socialista y le permite salir de la prisión de Quatre Camins a trabajar de lunes a viernes, en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario.
Comidas, compra de embutidos y congreso del PSOE
En el escrito de acusación, la fiscal Teresa Duerto acusa a Manel Bustos "de aprovechar su cargo de presidente de la FMC, en ser alcalde de Sabadell, para funciones fraudulentas", y por ejemplo, cita la factura de comidas y cenas en restaurantes, de la compra de embutidos (349 euros en una charcutería en el 2011) o de su desplazamiento en avión a un congreso del PSOE a Sevilla en el 2012. Además, concedió una subvención de 24.000 euros a la Fundación ACSAR por unos trabajos de asesoría externa "injustificados o inexistente".
Además de Bustos, se acusa a Adolfo Moreno, que era el secretario general de la FMC y mantenía las tareas de contabilidad, a quien se le pide la pena de 2 años y 1 mes de prisión, por el delito continuado de malversación de caudales públicos y que devuelva a la FMC 860 euros. También se acusa a Montserrat Costa, que trabajaba de asesora del FMC y pareja de Bustos, la pena de 3 meses y 15 días de prisión, multa de 450 euros y 3 meses y 15 días de suspensión de empleo o cargo público electo en la administración local y por el delito de malversación de caudales públicos, y que indemniza a la FMC, de manera conjunta y solidaria con Manuel Bustos, la cantidad de 252 euros. Finalmente, se acusa José Antonio Cabanillas, como director de la Fundación ACSAR, y se le pide una pena de 1 año y 1 mes de prisión y 3 años y 1 mes de inhabilitación especial para empleo o cargo público electo en la administración local por el delito de malversación de caudales públicos.
Causa cerrada y reabierta
La causa de los gastos del FMC fue cerrada, en enero de 2020, por el titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona al considerar que el dinero público que recibía la FMC era dinero privado porque es una entidad jurídicamente privada. La Fiscalía y la Plataforma SBDLC, sin embargo, presentaron recursos al sostener que la entidad municipalista "es alimentada al 94% con dinero público de los ayuntamientos, diputaciones, consejos comarcales y de la Generalitat." Y en julio de 2021 la sección segunda de la Audiencia de Barcelona dejó sin efecto el sobreseimiento y acordó continuar el procedimiento por un tribunal de jurado. Ahora, la Audiencia de Barcelona tendrá que fijar la fecha del juicio. Hay más piezas del caso Mercurio, que estalló a finales del 2012, pendientes de juicio.