La Fiscalía Superior de Catalunya pide 7 años de prisión, 32 años de inhabilitación y multa de 32.000 euros para Josep Maria Jové, actual diputado de ERC y presidente del Consejo Nacional de Esquerra, y 6 años y tres meses de prisión, 27 años y tres meses de inhabilitación y multa de 24.000 euros para Lluís Salvadó, actual presidente del Port de Barcelona, por los delitos de malversación de fondos, prevaricación y desobediencia por la organización del 1-O desde el Departament de Vicepresidencia, Economia y Hacienda. Para la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, la Fiscalía solicita un año de inhabilitación y 18.000 euros de multa por desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) por los preparativos del Referéndum, bajo la dirección de Jové, según recoge el escrito de acusación que ha hecho público la Fiscalía este viernes.
En el escrito de acusación, el teniente fiscal Pedro Ariche les ha retirado la acusación por el delito de revelación de secretos (castigado hasta 5 años de prisión), que hubiera incrementado más la petición de castigo. Además, reclama que Jové y Salvadó devuelvan al erario público 754.920 euros por los gastos de un programa de homogeneización de la Hacienda catalana, con la cual sostiene que querían impulsar una estructura de Estado. De los gastos del 1-O no les reclama nada, todo y que la magistrada instructora exigió más de 2 millones de euros, depositadas por aportaciones de voluntarios.
Sin malversación atenuada
Con estas peticiones de castigo, la Fiscalía Superior de Catalunya, mantiene el criterio del Tribunal Supremo y de la Fiscalía General del Estado que los gastos del Referèndum del 1-O tienen que ser calificadas de malversación agravada (castigada con un máximo de 8 años de prisión) -con ánimo de lucro porque el dinero se utiliza a un beneficio particular (1-O)- y no de malversación atenuada (hasta un máximo de 4 años de prisión), incluida en la reforma del Código Penal pactada de ERC y el PSOE y pensada para suavizar las penas que han de afrontar los excargos de ERC y de Junts en el TSJC y en el juzgado de instrucción 13 de Barcelona.
Después de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y VOX tendrán que presentar sus escritos de acusación, y finalmente las tres defensas. El tribunal para juzgar los tres cargos de ERC es formado por el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, Carlos Ramos y Fernando Lacaba, y será el encargado de fijar la fecha del juicio de los republicanos. La Fiscalía acusa Jové por su actuación como secretario general del Departamento de Vicepresidencia, Economía; a Salvadó, de secretario de Hacienda, y Garriga, directora de servicios del mismo departamento. Los tres estaban bajo la dirección del entonces vicepresidente Oriol Junqueras.
Jové, máximo responsable
En el escrito de acusación, de 49 páginas, el teniente fiscal Pedro Ariche, expone que Josep Maria Jové, entonces secretario general del Departament de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, fue uno de los negociadores políticos, y especialmente con la CUP, para impulsar estructuras de Estado y el proceso de independencia, según recogen anotaciones del 2016 en su libreta Moleskine y en el informe Enfocados, comisados en su domicilio. Para el fiscal, el número 2 de Economía era "máximo responsable de la coordinación del referéndum ilegal", y que el Govern lo cesó el septiembre para esquivar las multas diarias de 12.000 euros que le había impuesto el Tribunal Constitucional para desobedecerlo.
De las acciones de Jové, el teniente fiscal relata el impulso del convenio con el Idescat para poder tener el censo de la población y usarlo para la votación del 1-O. Inicialmente, esta acción se fijaba como un indicio del delicto de revelación de secretos. Pedro Ariche específica, que no se pudo usar este censo por la intervención de la policía. Y sobre la actuación de Garriga, precisa que, siguiendo órdenes de Jové, y sin hacer caso que el TC había suspendido el Referéndum, hizo varias gestiones, como por ejemplo contactar con una empresaria para guardar papeleras en almacenes, que fueron intervenidos, y otras gestiones.
Indicios de la malversación
Además, precisa que el julio de 2017 la competencia de los procesos electorales, que estaba en el Departament de Governació, pasa al de Vicepresidencia, encabezado por Oriol Junqueras, y “bajo su dirección Jové inicia la preparación y ejecución del referéndum comprometido, y disponía de recursos económicos y logísticos". En concreto, Ariche detalla que en los presupuestos de 2017 de la Generalitat se incluyó una partida de 5,8 millones para procesos electorales. Y añade que adicionalmente se incluyó, de cara a potenciar las llamadas estructuras de estado, una partida de 57,4 millones de euros para el desarrollo de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC). Ariche sostiene que "los preparativos del 1-O y los gastos subsiguientes se hicieron burlando el control estatal de las cuentas de la Generalitat".
Hacienda catalana
Además de la organización del 1-O, el teniente fiscal manifiesta que Jové y, bajo su cargo, Lluís Salvadó, que era el secretario de Hacienda, idearon un programa de homogeneización de tributos que “bajo la apariencia formal de introducir mejoras en la gestión tributaria, querían, fuera de las vías legales, una mayor capacidad de gestión y recaudación por parte de la Agencia Tributaria Catalana de tributos que no habían sido cedidos por el Estado”. En concreto, Ariche precisa que se quería “controlar el importe total de los tributos recaudados en concepto de IRPF e IVA, así como las cotizaciones sociales, procedentes del sector público de Catalunya, incluido ayuntamientos y universidades, cifra que oscilaba entre los 4.500 y los 5.000 millones de euros anuales". Sostiene que el programa preveía cambios en el operativo a partir de octubre de 2017, y que “nada impedía que, ante una Declaración Unilateral de Independencia por falta de acuerdo con el Estado español, la nueva administración catalana pudiera financiarse temporalmente a través de los fondos así recaudados”. Además, afirma que firmaron acuerdos con organismos públicos para la cesión de gestión de tributos, en concreto, 148 entes participados por la Generalitat, y 3 ayuntamientos, como el de Alcarràs.
Por el programa de Hacienda, el teniente fiscal acusa Jové y Salvadó del delito de malversación ordinario (art.432.1.2) y con la agravante que el dinero gastado superan los 250.000 euros. Además, reclama que devuelvan el coste del programa de Hacienda, valorado en unos 700.000 euros, y su desprogramació, hecho con la intervención de la Generalitat, con el 155, que costó unos 50.335 euros.