Sin frenos. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide entre 8 y 27 años de prisión para los 12 vecinos acusados de terrorismo en la llamada Operación Judas, según ha informado este viernes. En concreto, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón procesó a ocho encausados por el delito de pertenecer a organización terrorista y el delito de tenencia, depósito y fabricación de sustancias explosivas por los cuales la Fiscalía pide un total de 27 años de prisión. A los otros cuatro les imputa el delito de pertenecer a grupo terrorista, y la Fiscalía les pide 8 años de prisión.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que “los acusados se integraron en un Equipo de Respuesta Táctica (ERT), que formaban parte de diferentes Comités de la República (CDR), y que habrían conformado una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable con el objetivo de llevar a cabo acciones violentas o atentados con explosivos y sustancias incendiarias”.

Las penas y los delitos

En concreto, la Fiscalía pide que se condene a Eduard Garzón, Esther Garcia, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomás, Alexis Codina, Jordi Ros y Rafael Joaquin Delgado a: 8 años de prisión por el delito de pertenencia a organización terrorista; 11 años de prisión por el delito de tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparato explosivos e inflamables, y 8 años más de prisión por el delito de estragos de carácter terrorista en grado de tentativa. Además, pide que se les imponga la medida de libertad vigilada durante 8 años. Y para los encausados Ferran Jolis, Xavier Buigas, David Budria y Clara Borrero, 8 años de prisión por el delito de pertenencia a organización terrorista.

¿Serán amnistiados?

Inicialmente, estos 12 ciudadanos vinculados a CDR del país tendría que entrar en la futura ley de amnistía que ahora se tramita en el Congreso de los Diputados, ya que no causaron daños personales. Sin embargo, la acusación de que fabricaron material explosivo podría hacer decaer su caso de la ley del olvido del Procés, según juristas consultados.

 Ninguna acción completada

En el escrito de acusación, el fiscal Miguel Ángel Carballo detalla supuestas acciones violentas, pero ninguna de ellas completada por los 12 CDR. Sostiene que los acusados “comparten activismo radical para conseguir la independencia de Catalunya, usando la violencia como su máxima expresión, forzando de una forma coercitiva a las instituciones para conceder por la vía de los hechos la separación de Catalunya del resto de España.” Añade que algunos de los acusados participaron en tirar aceite a la carretera C-55, al pasar la comitiva policial que llevaba los presos políticos a la prisión de Lledoners, el 2019. El fiscal, sin embargo, se olvida escribir que por este caso fueron absueltos los 9 de Lledoners, incluido Garzón y Budria.

Además, incluye la ocupación del Parlament como uno de los actos que querían hacer los 12 CDR con el grupo denominado CNI, y “mantenerse una semana adentro, con un presupuesto estimado de 6.000 euros y con antenas de larga distancia”. Nada se ejecutó. El fiscal sostiene que los acusados “formaban una estructura jerarquizada, con reparto de roles y especializaciones, dotados de los medios adecuados y vocación de permanencia por la comisión de hechos delictivos, aprovechando los contactos propiciados dentro de la militancia en los CDR”. Añade que actuaron en protestas el 2018, como por ejemplo contra el Consejo de Ministros que se celebró en Barcelona el 21 de diciembre de 2018, fecha en la cual sostiene que el denominado ERT “se volvió a activar”.

Laboratorio "casero e ilegal"

Además, el fiscal precisa que de los informes de ensayo emitidos por el departamento de Química del servicio de criminalista de la Guardia Civil se desprende “la existencia de un laboratorio” que tenía Alexis Codina y añade: “De las evidencias recogidas, los manuales intervenidos, las anotaciones manuscritas, así como la observación del entorno donde fue encontrado, se puede deducir que la acción perseguida por los acusados era la implementación de un laboratorio casero e ilegal para la génesis casera de sustancias explosivas, incendiarias y deflagrados”.

Fabricación de termita

El fiscal insiste en que de las actividades de los acusados Alexis Codina y Jordi Ros con el resto de acusados implicados "era la elaboración de manera artesanal de sustancias explosivas y deflagrantes", en concreto del agente aluminotérmico denominado termita, así como la “síntesis de explosivos rompedores en la órbita del hexógeno, el nitrato amónico, la tetralita, la nitrocelulosa y la cloratita”.  Añade que "la Termita ha sido empleada en el pasado como carga principal en artefactos explosivos, como los acontecidos en Barcelona en junio del año 2000, en los cuales se colocaron cuatro artefactos explosivos en Empresas de Trabajo Temporal o el colocado en las instalaciones de la Cadena de Radio COPE, igualmente en Barcelona en agosto del año 1998". Por otro lado, sostiene que "la termita puede ser empleada por destrucción e inutilización de vehículos e infraestructuras, como así aparece en algunos documentos audiovisuales consultados por los acusados".

 Lugares controlados

Finalmente, el fiscal enumera los “objetivos de los cuales se han encontrado evidencias en los diferentes apoyos de imagen sobre los que el grupo pretendía perpetrar algún tipo de acción o atentado”. Son: Comandancia Naval de Barcelona, Gobierno Militar de Barcelona, Delegación del Gobierno de Barcelona, Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sede de la Comandancia de la Guardia Civil de la provincia de Barcelona, miembros, vehículos e instalaciones de las Fuerzas y cuerpos de Seguridad, torres de alta tensión, instalaciones a autopistas, peajes, el Parlament de Catalunya. Y destaca “el reconocimiento del perímetro del cuartel de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona, en Sant Andreu de la Barca, hecho por Jordi Ros.