La Fiscalía ha solicitado en su escrito de conclusiones provisionales más de 80 años de prisión, en concreto 83, para el exministro de Economía Rodrigo Rato por supuestamente defraudar más de 8,5 millones de euros, acusándolo de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios, entre otros, en el marco de la causa sobre el presunto origen ilícito de su patrimonio.

El Ministerio Público ha acusado Rato de once delitos contra la Hacienda Pública, pidiendo penas de entre cuatro y seis años de prisión para cada uno; uno de blanqueo de capitales, por el cual reclama seis años; otro de insolvencia punible, por el cual pide cuatro años; otro de corrupción en los negocios, con una solicitud de pena de cuatro años; y de un delito de falsedad documental, al que apareja tres años. A esta petición, el ministerio fiscal ha sumado las correspondientes penas de multa y accesorias y la indemnización a la administración tributaria por las cantidades defraudadas.

Más de 15 millones en una década

Según ha informado la Fiscalía General del Estado (FGE) en un comunicado, se han identificado incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015 por un importe total de 15.633.056,87 euros y las cuotas defraudadas ascenderían a 8.586.121,67 euros.

De acuerdo con las tesis fiscales, Rato ha mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de varias sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante multitud de cuentas bancarias abiertas en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y el Reino Unido, entre otros lugares, en una operativa desconocida por el fisco español y que habría constituido hechos imponibles entre 2005 y 2015.

En la instrucción de este procedimiento, en más ha indicios racionales que Rato, siendo presidente de Caja Madrid Bankia, cargo que ocupó entre enero de 2010 y mayo de 2012, cobró indebidamente comisiones procedentes de los contratos de publicidad que la entidad bancaria firmó con 4 las entidades Publicis y Zenith relativos a la fusión y salida a bolsa de la entidad.

El acusado se acogió en noviembre de 2012 a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, declarando ser el propietario de Xarxa Rose, y omitiendo cualquier referencia a otras sociedades que él mismo tenía.