Nueva acusación. La Fiscalía Superior de Catalunya ha informado este lunes que pide que la exconsellera de Agricultura y actual diputada de ERC, Meritxell Serret, sea condenada a un año de inhabilitación y a pagar una multa de 12.000 euros porun delito de desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) al formar parte del Govern de Carles Puigdemont que promovió las leyes de desconexión en el 2017. Serret volvió del exilio en marzo del 2021 y se presentó ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que envió su caso al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), porque, al final, no fue procesada por malversación de fondos, como los exconselleres Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, solo condenados por desobediencia-
La petición de castigo pedida ahora por la fiscalía a Serret es inferior que la solicitada e impuesta por el Supremo para Mundó, Borràs y Vila, que fue de un año y 8 meses de inhabilitación a cargo público y una multa de 60.000 euros de multa, cantidad que les rebajó al descontar los tiempos que pasaron en prisión preventiva. La fiscalía no argumenta esta rebaja de la petición de pena, ni detalla que ha sido estado unos tres años en el exilio. Ahora, Serret, defendida por el abogado Iñigo Iruin, tendrá que presentar su escrito de defensa, y el TSJC ha de formar un tribunal de tres magistrados y fijar la fecha de juicio.
Serret era "consciente" de la ilegalidad
En el escrito de acusación, la fiscal Neus Pujal inicia el relato en el 9 de noviembre de 2015, cuando el Parlament aprobó la Resolución I/XI, sobre el inicio del proceso de independencia de Catalunya y la creación de una república catalana, de “común acuerdo” con los partidos de Juntos, ERC y la CUP, el Govern de Carles Puigdemont y las entidades civiles ANC y Òmnium. Sostiene que Serret “era consciente de la notoria ilegalidad” que se impulsaba desde el Govern, donde fue nombrada consejera de Agricultura el enero del 2016. La fiscalía también expone las acciones del Govern como por ejemplo que en la Ley del Parlament 4/2015, el entonces vicepresidente y consejero de Economía, Oriol Junqueras, impulsa una disposición adicional para preparar el referéndum, aprobada el marzo de 2017 y que el Tribunal Constitucional la suspendió en abril, a instancias del Gobierno.
También reprocha a Serret, que participó en el acto del Govern el 9 de junio de 2017, al Pati dels Tarongers, donde el presidente Puigdemont anunció la pregunta del Referéndum de Independencia de Cataluña, y también participó en los plenos del Parlament del 6 y 8 de septiembre, que se aprobaron las leyes de desconexión. Serret fue varias veces advertida por el TC, como el resto de los miembros del gobierno, y por eso la fiscalía solicita que sea castigada, a pesar de que en menor medida que el resto de compañeros.