La Fiscalía General del Estado quiere que José María Macías no participe en la deliberación y decisión sobre la cuestión de inconstitucionalidad presentada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra la ley de amnistía, que la semana pasada fue admitida a trámite. En un escrito de veinte páginas, Álvaro García Ortiz solicita la recusación del magistrado esgrimiendo que en su etapa como vocal del Consejo General del Poder Judicial “participó directamente, contribuyendo a ellas y apoyándolas con su voto favorable”, en dos actuaciones institucionales en las que el CGPJ “se pronunció de manera oficial y pública” sobre la norma del olvido penal con una “crítica demoledora ampliamente basada en consideraciones de inconstitucionalidad”. Primero fue, en octubre, sobre la constitucionalidad de una amnistía anunciada por Pedro Sánchez, “sin perjuicio de cuál pudiera ser su contenido concreto”, y más tarde, “a solicitud del Senado y en el marco legal y formal del proceso legislativo”, sobre la constitucionalidad de la proposición de ley que finalmente sería aprobada. El escrito está firmado por el fiscal del Estado, pero fuentes fiscales aclaran que se ha elaborado con la “imprescindible intervención” de la Fiscalía ante el TC.
El principal argumento del Ministerio Fiscal es que José María Macías intervino en la “deliberación, defensa y aprobación” de dos pronunciamientos públicos del Pleno del CGPJ muy críticos con la norma del olvido penal: no eran “meras manifestaciones aisladas”, sino que constituían una “reiterada exteriorización de una corriente de pensamiento radicalmente contraria” a la amnistía. “Por su objeto y finalidad, pero también (y especialmente) por su contenido, comportan una extensa, razonada, reiterada, detallada y categórica valoración de la ley, formulando numerosos juicios acerca, precisamente, del encaje conceptual de una amnistía en nuestro modelo constitucional”, esgrime el escrito. Todo ello, lleva a la Fiscalía a considerar que hay una “sospecha legítima de inclinación hacia un criterio preestablecido” o, como mínimo, “circunstancias generadoras de una justificada percepción externa, que afecta a la imagen de imparcialidad, de esa predisposición”. “Los referidos hechos determinan objetivamente la existencia de causa de recusación”, concluye.
Además, Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí han recusado a José María Macías en los recursos de amparo que los tres tienen pendientes en el TC a raíz de la causa del 1-O. Sostienen que Macías ha perdido toda imparcialidad exigible a un juez porque los “ha comparado con los nazis”, se ha definido como “amigo del juez Llarena” y mantiene una “guerra abierta” contra la amnistía. Y es que José María Macías ha criticado públicamente la norma en más de una ocasión. En dos entrevistas hace meses, la definió como “una cosa insólita en la democracia española” y afirmó que “no busca el interés general, sino el de Sánchez”. En marzo incluso abrió la puerta a la posibilidad de reformar la ley para que la tramitación de la amnistía tenga consecuencias penales para sus responsables.
“Concretó esa participación en la formación de una serie de criterios detallados y precisos”
Álvaro García Ortiz sostiene que su petición “no se funda en la emisión de sus opiniones, ni en la relevancia o trascendencia pública, mediática, social o política de sus posiciones”, aunque estas haber llegado a generar la “percepción de una convencida y activa beligerancia contra la ley” en ciertos sectores de la sociedad. El fiscal del Estado asegura que va más allá de un “presunto prejuicio ideológico deducible de una opinión, por vehemente, enfática o insistente que pueda ser la forma en que se manifiesta”, y alega que el motivo es su participación en los informes que aprobó el CGPJ.
Asimismo, la Fiscalía señala que su participación en la aprobación de ambos informes se concretó en la “formación y formulación de un criterio, o una serie de criterios, profusamente detallados y precisos” sobre la “práctica totalidad de las cuestiones ahora sometidas por el Tribunal Supremo al pleno del Tribunal Constitucional”. De esta forma, José María Macías articuló “lo que difícilmente, desde la perspectiva de la apariencia de imparcialidad, permitiría eludir la inevitable imagen de formación de un sólido prejuicio sobre cada una de las dudas sometidas a la jurisdicción constitucional, que ahora le corresponde ejercer”.
Los dos pronunciamientos del CGPJ que justifican la recusación solicitada por la Fiscalía
Y… ¿Qué decían los dos pronunciamientos del CGPJ que, según la Fiscalía, desacreditan a José María Macías para participar en la deliberación de la cuestión de inconstitucionalidad? El primero fue una declaración institucional aprobada el 6 de noviembre, antes de conocerse el redactado de la iniciativa. El texto mostraba, principalmente, la “preocupación y desolación intensa” por la “degradación” que supondría una ley de amnistía y reprobaba que “utilizar la promulgación de una ley singular para invadir competencias propias del Poder Judicial como medio de negociación política" constituía una "perversión del régimen constitucional”. “Confundir el interés de España con el interés del presidente del Gobierno en funciones para evitar la formación hipotética de gobiernos de partidos de una ideología diferente de la suya es una cosa manifiestamente incompatible con la alternancia política”, aseveraba.
📝 El Poder Judicial caducado y dividido aprueba una declaración contra la amnistía
📝 El Poder Judicial aprueba dividido el informe que considera que la amnistía es inconstitucional
Meses más, el 21 de marzo, una semana después de que el Congreso enviara la amnistía al Senado, el CGPJ aprobó el informe que le había solicitado la cámara alta. En un documento de 155 páginas, consideraba oficialmente que la amnistía es inconstitucional, “socava” el derecho a la igualdad y “vulnera” la separación de poderes, criticaba que se excluyera el Código Penal español en relación con el terrorismo, denunciaba que la tramitación en el Congreso había sido “arbitraria” y advertía que dejar sin efecto una orden europea de detención “puede ser contrario al derecho de la Unión Europea”. Además, cuestionaba la “deficiente técnica jurídica” y esgrimía que la ley no justifica su adecuación a “todos y cada uno de los valores, principios y condiciones” de la Constitución. José María Macías votó a favor de ambos pronunciamientos.