La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado el archivo de la querella contra el rey emérito Juan Carlos I por cinco delitos fiscales contra la Hacienda Pública que presentaron el mes de noviembre pasado varios magistrados jubilados, fiscales anticorrupción retirados delante de la Sala de lo penal del TS. Estos sostenían que la regularización que el monarca emérito hizo fue ilegal, todavía que el ministerio público, asegura que lo había tenido en cuenta cuando archivó la investigación en el 2022.

Los hechos por|para los cuales se presenta la querella ya fueron investigados por la Fiscalía del Supremo, quien|quién archivó entonces las diligencias en entender que el rey emérito había regularizado su situación tributaria mediante el pago de 678.000 euros en diciembre de 2020 y de 4.395.000 euros en febrero de 2021, antes de conocer que existía una investigación contra él por fraude fiscal. Los querellantes consideran que la excusa absolutoria utilizada por el antiguo monarca, es decir, la regularización no cumplió los requisitos legales para su aplicación. En su escrito, Fiscalía recuerda ahora que ya abrió diligencias sobre el Rey emérito el 18 de junio y el 5 de noviembre de 2020 y que, "después de una exhaustiva investigación", se archivaron el 2 de marzo de 2022. El ministerio público aduce, para secundar que la causa se inadmita y después se archive, que en la actual querella "no se aportan ni hechos ni fuentes de prueba diferentes de las ya consideradas para dictar el archivo".

La querella impulsada por los magistrados jubilados del Tribunal Supremo, Clemente Auger y José Antonio Martín Pallín, y los fiscales anticorrupción, también retirados, Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, sostiene que la Fiscalía informó al rey emérito de que la investigación se había abierto por la existencia de posibles infracciones tributarias y que los delitos no han prescrito todavía. Según la querella, el rey emérito pagó más de cinco millones de euros de las regularizaciones extraordinarias con 12 préstamos realizados por personas físicas y jurídicas, cuando, según señala el texto, no es posible "la regularización de las defraudaciones tributarias después de haber tenido conocimiento formal de la existencia de unas diligencias de investigación de la Fiscalía, que le advirtió de la existencia de irregularidades en las declaraciones tributarias con anterioridad a su regularización." Los querellantes piden la comparecencia de Juan Carlos I y que declaren como testigos su familiar Álvaro d'Orleans Borbó, Arturo Fasana y Dante Canónica, y representantes legales de las entidades societarias que aparecen en el texto.