La Fiscalía ha pedido dos años y medio de prisión para el exdiputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo, más conocido como 'Tito Berni'. La acusación le atribuye un presunto delito de falsedad en documentación oficial y otro contra la seguridad social. Este último por, supuestamente, simular un contrato de laboral para un ciudadano marroquí para que este pudiera renovar su permiso de trabajo. El delito se investiga como una pieza aparte del llamado caso Mediador. En el escrito, presentado este martes, el Ministerio Público ha solicitado al Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife que fije el inicio del juicio oral contra Fuentes Curbelo y tres investigados más: Rachid Zankti, el falso trabajador, Domingo Fuentes Gutiérrez, hijo del 'Tito Beni', y María Jesús Rodríguez de Ver, su mujer, a los cuales pide la misma condena.

La Fiscalía pide que indemnicen al SEPE

La acusación ha pedido también imponer la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena. Es decir, que Fuentes Curbelo ni ninguno de los acusados se puedan presentar como candidatos a las listas de un partido político en unas elecciones. También se les exige una multa de 3.000 euros y se les insta a indemnizar de manera solidaria y conjunta al Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) con 2.184,27 euros más intereses.

La teoría de la Fiscalía

Según el fiscal, el marroquí Rachid Zankti contactó con Fuentes Curbelo para que lo diera de alta laboralmente y así "poder cumplir las exigencias legales previstas en la legislación nacional sobre extranjería y obtener la residencia española". Se acercó, dice, porque 'Tito Berni' había sido el administrador solidario de la entidad Ganadería Tetir. La Fiscalía sostiene que Fuentes Curbelo se puso en contacto con su hijo a Domingo para que este "elaborara o encargara elaborar un contrato ficticio que cumpliera con las expectativas" del marroquí. Según la teoría, Rodríguez de Ver fue la encargada de ejecutar el acuerdo.

"A consecuencia del contrato de trabajo falso presentado, en fecha del 4 de enero del 2021, se dictó resolución por la Subdelegada del Gobierno a Las Palmas por la cual se acordaba la concesión de autorización de residencia temporal y trabajo" de Zankti, señala la Fiscalía. El supuesto trabajador consiguió también obtener 2.184,27 euros en concepto de prestación del Servicio Público de Empleo Estatal, "siendo imprescindible a cambio los tres meses de cotización en la seguridad social que se aportaron gracias al contrato de la Ganadería Tetir en virtud de contrato de trabajo ficticio", concluye el comunicado de la acusación.