El fiscal pide inhabilitar seis meses y multar con 540 euros a la alcaldesa de Berga (Berguedà), Montse Venturós, de la CUP, por un delito de desobediencia.

Es la petición del ministerio público por el caso de la estelada colgada en la fachada del Ayuntamiento durante las elecciones al Parlament de Catalunya del 27-S y generales del 20-D del 2015. Por este caso la policía detuvo Venturós y la llevó a los juzgados para declarar, después de que la alcaldesa se negara a presentarse ante el juez el 5 de abril y el 17 de octubre del 2016.

En su escrito de conclusiones provisionales el fiscal concluye que "la presencia de la estelada en la fachada del Ayuntamiento, como demostración de una opción política, va en contra del deber de neutralidad de las instituciones durante los procesos electorales y puede distorsionarlos".

Después de su detención, la alcaldesa de Berga compareció finalmente ante el juez, en un interrogatorio en el cual también respondió al fiscal, para alegar que no retiró la bandera para mantenerse "firme" en el "mandato popular" que avalaba la colocación de la estelada, ya que la decisión fue aprobada por un pleno municipal.

Una detención anunciada y con cola

Días después de la detención de Venturós, el exjefe de los Mossos d'Esquadra en el Berguedà, el inspector Eduard Cuenca, admitió que su arresto fue un "aprieto" y que hablaron previamente con ella para que, llegado el día, la detención se produjera de la manera "menos lesiva y sin crear mucho jaleo".

Finalmente, la alcaldesa fue arrestada hacia las siete de la mañana, cuando estaba sola en su casa, cosa que fue criticada con dureza por el entonces diputado de la CUP Benet Salellas, que ejercía como abogado de Venturós, que instó al Govern a aclarar si estaba "con la justicia española" o con los "cargos electos independentistas" de Catalunya.

"Estamos muy dolidos y enfadados con el Departament d'Interior", exclamó aquel día Salellas, que denunció que la detención se produjo "de madrugada y sin ninguna publicidad", cosa que crispó a la CUP contra el Govern, en plena negociación de los presupuestos entre los anticapitalistas y Junts pel Sí.

El entonces conseller de Interior Jordi Jané —que dejó el cargo a dos meses del referéndum del 1-O—, salió al paso de las críticas y defendió la actuación de los Mossos, ya que como policía judicial, alegó, tenían la obligación de cumplir con las órdenes del juez.

Cuatro días después de la detención de Venturós, la CUP exigió al Govern, en plena negociación sobre su apoyo a los presupuestos de la Generalitat, que el ejecutivo los avisara si los Mossos iban a detener a más cargos del partido anticapitalista.

Esta exigencia de la CUP se produjo en una reunión mantenida el 8 de noviembre del 2016, el contenido de la cual revela la agenda Moleskine de Josep María Lladó, que fue número 2 del exconseller Oriol Junqueras, intervenida por la Guardia Civil durante el registro de su vivienda después de ser detenido el pasado 20 de septiembre.

En sus anotaciones, con el título "War Room" (Habitación de Guerra), Lladó detalla que a la reunión entre miembros del Govern y la CUP del 8 de noviembre se analizó la situación generada después de la detención de Venturós.

Los representantes del Govern trasladaron a la reunión la entonces diputada de la CUP Anna Gabriel —actualmente exiliada en Suiza— que el entonces president de la Generalitat Carles Puigdemont —exiliado en Bélgica—, había asegurado que los Mossos harían siempre aquello que les ordenaran los jueces y que no recibirían ninguna directriz política del Departament d'Interior.

Con el horizonte de una eventual detención del concejal de la CUP en Vic (Osona) Joan Coma, que también había plantado al juez de la Audiencia Nacional en una causa que tenía abierta por incitación a la sedición, los representantes del Govern pidieron a la CUP coordinar una respuesta para "ser eficaces en la gestión de la protesta", según consta en las anotaciones de Jové.

Gabriel advirtió entonces que su formación no renunciaría "a la estrategia de la desobediencia" y que no pedirían "nunca" a la gente que lo hiciera, aunque solicitó al Govern que los avisaran en caso de que los Mossos tuvieran previsto detener a dirigentes del partido: "Que algún mando avise el cargo político y que estén informados. ¿Puede ser? Así nos podríamos coordinar".

Poco más de un mes después, el 27 de diciembre, agentes de paisano de los Mossos d'Esquadra detuvieron a Coma en Vic, donde el concejal de la CUP, que estaba acompañado por diversos de sus simpatizantes, entró, después de pasear tranquilamente por la calle, en un vehículo del cuerpo autonómico, sin ningún logotipo policial, con tiempo de escribir un tuit asegurando: "El Estado español me detiene".