En paralelo a la causa abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos, continúa viva la causa por el fraude fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Es el origen de todo. Alberto González Amador fue denunciado el año pasado por haber defraudado 350.000 euros entre 2020 y 2021, pero todavía no ha declarado ante la jueza que lo investiga. De hecho, por diferentes motivos, su declaración se ha suspendido en tres ocasiones. Y ahora la Fiscalía de Madrid pone prisas a Inmaculada Iglesias, la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, para que lo cite como investigado, dado que en marzo se cumplirán los doce meses de límite para instruir el caso sin que haya comparecido, según confirman fuentes jurídicas a ElNacional.cat. El fiscal sostiene que no se pueden retrasar más la comparecencia de González Amador y del resto de investigados porque eso impide saber si es necesaria la prórroga de la causa.

¿De qué está acusado? El informe de la Agencia Tributaria atribuyó a la pareja de Ayuso dos delitos de fraude fiscal en el impuesto de Sociedades (por 155.000 euros en 2020 y 195.951,41 euros el ejercicio siguiente) y un delito de falsedad documental por haber presentado facturas falsas con el supuesto objetivo de rebajar los beneficios extraordinarios de sus sociedades. En total, sus compañías presentaron quince facturas falsas por gastos ficticios que sumaban 1,7 millones de euros. Posteriormente, se supo que el abogado de González Amador había admitido por escrito que la pareja de Ayuso había cometido dos delitos: “Estudiado el asunto, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal. Ciertamente, se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”, reconoció en un correo electrónico el 2 febrero enviado a la Fiscalía de Delitos Económicos, mucho antes de que el caso estallara a los medios. Y la filtración de este correo, que apunta al fiscal general del Estado, es la que está investigando el Supremo.

Las tres suspensiones de la declaración de Alberto González Amador

Hasta ahora, la declaración de la pareja de Ayuso se ha suspendido tres veces. La última fue la prevista para el 29 de noviembre, que se aplazó a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva el recurso que  presentó Alberto González Amador contra la ampliación de la causa para investigar sus negocios con la empresa Quirón Prevención. “La pieza principal y la pieza separada comparten un hecho nuclear con efectos no solo en la liquidación tributaria sobre la que se pretende tomar declaración, sino lo que sea el objeto de la pieza separada”, alegó la defensa de González Amador. Para abrir la nueva pieza, la jueza se escudó en un informe de la Agencia Tributaria que alertaba de una “operación artificiosa, ilícita e inequívocamente defraudatoria” en 2021 por la que presuntamente González Amador habría utilizado una sociedad pantalla (Masterman) a través de la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona (la empresa propiedad de González Amador) y Quirón Prevención (su cliente).

Previamente, en mayo, la jueza suspendió su declaración por las dificultades para interrogar a los otros investigados (fue el día que González Amador acudió a los juzgados con el pelo más corto y sin barba para dificultar que fuera reconocido y se marchó con una peluca gris). En aquella ocasión, los motivos fueron técnicos: a uno de los investigados citados no se le había podido notificar la citación y tampoco se había podido tramitar una videoconferencia prevista para el día siguiente en los juzgados de Sevilla. Un mes después, en junio, la jueza volvió a posponer la declaración porque el PSOE y Más Madrid pidieron que se investigaran cinco delitos más: el tipo agravado del delito contra la hacienda pública, así como el delito contable y los delitos de administración desleal, de falsedad contable y de corrupción a los negocios.