El juego del gato y la rata. La Fiscalía sigue remando para conseguir que Alberto González Amador declare como investigado por el caso de fraude fiscal. La pareja de Isabel Díaz Ayuso fue denunciado hace casi un año por haber defraudado 350.000 euros entre el 2020 y el 2021, pero todavía no ha declarado ante la jueza que lo investiga y su declaración se ha suspendido cuatro veces. La última cancelación fue hace cinco días después de que González Amador lo solicitara alegando que tiene un viaje profesional programado aquel día a los Estados Unidos. Sin embargo, ahora la Fiscalía mueve ficha y reclama a la titular del Juzgado de Instrucción 19 de Madrid que lo cite como tarde el 3 de febrero, dado que “ha decidido ausentarse del territorio nacional entre el 4 y 12 de febrero y el juzgado lo da por bueno”, según ha adelantado la Cadena SER y ha confirmado Europa Press.

La Fiscalía de Madrid pone prisas a la jueza para que lo cite como investigado, dado que en marzo se cumplirán los doce meses de límite para instruir el caso. El fiscal sostenía hace unos días que no se podían retrasar más la comparecencia de González Amador y del resto de investigados por qué eso impide saber si es necesaria la prórroga de la causa. Previamente, la declaración se había suspendido tres veces más: en noviembre (a la espera de que la Audiencia de Madrid resuelva un recurso suyo), en junio (porque el PSOE y Más Madrid pidieron que se investigaran cinco delitos más) y en mayo (por las dificultades para interrogar a los otros investigados).

Dos delitos de fraude fiscal en el impuesto de Sociedades y un delito de falsedad documental

El informe de la Agencia Tributaria atribuyó a la pareja de Ayuso dos delitos de fraude fiscal en el impuesto de Sociedades (por 155.000 euros en 2020 y 195.951,41 euros el ejercicio siguiente) y un delito de falsedad documental por haber presentado facturas falsas con el supuesto objetivo de rebajar los beneficios extraordinarios de sus sociedades. En total, sus compañías presentaron quince facturas falsas por gastos ficticios que sumaban 1,7 millones de euros.

Posteriormente, se supo que el abogado de González Amador había admitido por escrito que la pareja de Ayuso había cometido dos delitos: “Estudiado el asunto, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal. Ciertamente, se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”, reconoció en un correo electrónico el 2 febrero enviado a la Fiscalía de Delitos Económicos, mucho antes de que el caso estallara a los medios. Y la filtración de este correo, que apunta al fiscal general del Estado, es la que está investigando el Supremo.

Las tres suspensiones de la declaración de Alberto González Amador

La declaración de la pareja de Ayuso se había suspendido tres veces. La última fue la prevista para el 29 de noviembre, que se aplazó a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva el recurso que  presentó Alberto González Amador contra la ampliación de la causa para investigar sus negocios con la empresa Quirón Prevención. “La pieza principal y la pieza separada comparten un hecho nuclear con efectos no solo en la liquidación tributaria sobre la que se pretende tomar declaración, sino lo que sea el objeto de la pieza separada”, alegó la defensa de González Amador. Para abrir la nueva pieza, la jueza se escudó en un informe de la Agencia Tributaria que alertaba de una “operación artificiosa, ilícita e inequívocamente defraudatoria” en 2021 por la que presuntamente González Amador habría utilizado una sociedad pantalla (Masterman) a través de la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona (la empresa propiedad de González Amador) y Quirón Prevención (su cliente).

Previamente, en mayo, la jueza suspendió su declaración por las dificultades para interrogar a los otros investigados (fue el día que González Amador acudió a los juzgados con el pelo más corto y sin barba para dificultar que fuera reconocido y se marchó con una peluca gris). En aquella ocasión, los motivos fueron técnicos: a uno de los investigados citados no se le había podido notificar la citación y tampoco se había podido tramitar una videoconferencia prevista para el día siguiente en los juzgados de Sevilla. Un mes después, en junio, la jueza volvió a posponer la declaración porque el PSOE y Más Madrid pidieron que se investigaran cinco delitos más: el tipo agravado del delito contra la hacienda pública, así como el delito contable y los delitos de administración desleal, de falsedad contable y de corrupción a los negocios.