La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que suspenda las salidas laborales concedidas a los "líderes independentistas condenados por el procés en virtud del artículo 100.2" del reglamento penitenciario, después de que una jueza dejó ayer sin efecto el tercer grado a cinco de ellos.Considera que el Supremo es competente contra las decisiones de la administración penitenciaria para que actúe sobre el régimen de semilibertad. La solicitud se pide que se efectúe de forma "inmediata" a todos los "condenados por sedición en el procés independentista". Los fiscales Javier Zaragoza y Jaime Moreno, del Tribunal Suprem, son los que han exigido esta suspensión. Ambos ya ejercieron como parte de la acusación en el juicio a los líderes catalanes.
El ministerio público recuerda que estas decisiones ya se han recurrido a los juzgados de vigilancia penitenciaria, pero hasta que no lleguen los recursos de apelación al Supremo, tiene que ser la Sala presidida por el magistrado Manuel Marchena quien dicte "la suspensión cautelar" del artículo 100.2. Y posteriormente "comunicarlo a los respectivos centros penitenciarios" respecto de Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Unas medidas que los fiscales recuerdan que ya se han tomado con la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, el pasado 23 de julio.
En su escrito también argumentan que la Fiscalía de Barcelona ha solicitado a los juzgados de vigilancia competentes la misma suspensión cautelar para "evitar que la decisión se pueda demorar coincidiendo con los tiempos que los escritos de apelación" llegan de la Audiencia al Supremo.
Esta decisión todavía podría poner más en peligro la mesa de diálogo con el Gobierno. Esta mañana, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha acusado al gobierno de Pedro Sánchez de haberse levantado de la mesa "por la vía de los hechos" y le ha pedido que haga "un movimiento claro" a favor de la amnistía y de la libertad de los presos independentistas. Aragonès ha afirmado que el diálogo y la negociación política necesitan "unas condiciones para poder seguir adelante" y ha avisado de que con la vía de la represión, con la vía de ir revocando derechos y libertades, no se adelantará.