Por primera vez, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha anunciado abiertamente que los crímenes del franquismo que "se tienen que investigar". En concreto, la fiscal de la sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, y la fiscal jefe de Barcelona, Neus Pujal, han acordado presentar un informe en un juzgado de Barcelona para que admita a trámite la querella presentada por Carles Vallejo, primer querellante por torturas en la Jefatura de Via Laietana 43 durante el franquismo, según han confirmado este jueves el ministerio público. El junio pasado la Fiscalía de Barcelona solicitó a la titular del juzgado de instrucción 18, a quien ha recaído la causa de Vallejo, que no admitiera su denuncia al considerar que los hechos denunciados, entre los años 1970 y 1971, han prescrito; que entonces no existía el delito de torturas, y que la Ley de Amnistía de 1977 no permite remover el pasado, sin citar en ningún momento la nueva Ley de Memoria Democrática 20/2022, en vigor desde el octubre pasado. El nuevo argumento de la Fiscalía es que la Ley de Memoria Democrática española supera la jurisprudencia existente hasta ahora y que esta nueva ley ordena investigar los delitos cometidos durante la dictadura de Franco, tanto por la vía penal, la civil como a través de la jurisdicción voluntaria.
Por todo ello, la Fiscalia concluye que "una vez presentada la querella por hechos que pueden revestir los caracteres de crímenes contra la humanidad no procede su inadmisión liminar, sino que será necesario practicar aquellas diligencias de investigación necesarias para determinar los contornos de los hechos denunciados, las circunstancias contextuales, posibles patrones de conducta y cuantos otros elementos puedan resultar relevantes para adoptar una decisión fundada en derecho sobre su tipicidad, prescripción o carácter amnistiable".
La Ley ordena investigar
En el informe, al cual ha tenido acceso ElNacional.cat, la Fiscalia afirma que la ley 20/2022 abre "un nuevo escenario normativo de insoslayable importancia y cuyas consecuencias jurídicas fijan el deber de investigar".
El segundo argumento clave es que organismos internacionales han instado al Estado español a investigar delitos de torturas porque, como los crímenes de lesa humanidad, no prescriben nunca.
Los policías denunciados
Carles Vallejo, presidente de la Asociación Catalana de Expresos Políticos, presentó, justo con la entrada en vigor de la ley 20/2022, la querella contra los agentes de la policía española Vicente Juan Creix, Genuino Nicolás Navales García, Rafael Núñez Valverde, Francisco Javier Vázquez Torres, José Antonio González Juan y Francisco Manuel Escobedo García. Los acusa de haberlo detenido y torturado los años 1970 y 1971 por su actividad sindical y por pertenecer al entonces clandestino PSUC. El centro Irídia lleva el caso de Vallejo, que también ha recibido el apoyo de Òmnium Cultural. El Govern dió un paso importante este verano y anunció que se persona como acusación popular en la querella de Vallejo. Ahora, solo falta la respuesta de la magistrada Carmen Garcia. Si no aceptara iniciar una investigación, todas las partes, incluida la Fiscalía, presentarán recurso a la Audiencia de Barcelona.
El primer caso, en Madrid
Precisamente, ante la primera negativa de la Fiscalía de Barcelona en el caso del disidente político Carles Vallejo, las entidades Amnistía Internacional, CeAqua e Irídia pidieron por carta a Dolores Delgado que "se posicione con relación a las querellas por crímenes del franquismo" y sobre todo con la nueva ley de memoria (LO 20/2022), que entró en vigor el 20 de octubre pasado, y que permite investigar, aunque los acusados esten muertos o al final se tengan que amnistiar.
El cambio de criterio empieza a calar en los juzgados. La semana pasada la titular del juzgado de instrucción 50 de Madrid admitió "por primera vez" una querella contra crímenes franquistas y Julio Pacheco, torturado por la policía franquista, declaró como víctima, así como su mujer como testigo. En la declaración también estaba una fiscal de la recién nacida unidad de la Fiscalía de Memoria Democrática, hizo preguntas; pero en este caso aún no hay un pronunciamiento explícito de la Fiscalía. Las entidades aseguran que es la primera de 100 querellas.
Argumentos jurídicos
Además de la creación de una fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, la ley 20/2022 ordena que se tienen que investigar "los hechos que constituyan violaciones de Derecho Internacional de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, incluyendo los que tuvieron lugar con el golpe de estado, la Guerra y la Dictadura". Se precisa que esta nueva fiscalía tendrá "las funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados, en coordinación con distintas administraciones con competencias sobre esta materia para conseguir su debida identificación y localización." La norma añade: "Se garantizará la tutela judicial en los procedimientos para la obtención de una declaración judicial sobre la realidad y las circunstancias de los hechos pasados relacionados con las víctimas".
La ley también recoge que el Estado tiene que ejecutar medidas de "restitución, rehabilitación y satisfacción orientadas al restablecimiento de los derechos de las víctimas de forma individual y colectiva". Dolores Delgado fue nombrada fiscal de la nueva unidad de Memoria Democrática en verano y ya ha dejado claro que su objetivo es investigar los crímenes del franquismo e impulsar procesos de reparación y justicia restaurativa a las víctimas.
Reacción de Vallejo
Al conocer la noticia, Carles Vallejo, se ha mostrado satisfecho que la Fiscalía haya cambiado de parecer y ha insistido que la querella la presentó en "nombre de todas las víctimas" del franquismo. A su lado, la codirectora de Irídia, Anaïs Franquesa, también se ha congratulado que finalmente un organismo oficial como es la Fiscalía haya apostado por la investigación de los crímenes del franquismo y espera que los juzgados hagan lo mismo, tal como ordenan los mandatos internacionales.
En a foto principal, Carles Vallejo, en un acto del Memorial Democrático, en Barcelona. / Foto: Eva Parey