La Fiscalía ha movido ficha el día después de las elecciones generales y ha reactivado la maquinaria para conseguir la entrega de los eurodiputados de Junts, Carles Puigdemont y Toni Comín. Era el paso que esperaba el juez instructor de la causa, Pablo Llarena, antes de posicionarse. Por eso, los fiscales del 1-O reclaman a Llarena que emita una orden de busca, captura e ingreso a prisión contra Puigdemont y Comín, al margen de pedir la reactivación de otra euroorden después de constatar, que, según la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) de 5 de julio, los dos políticos en el exilio no disfrutan de inmunidad parlamentaria. Todo eso, afirma la Fiscalía en un escrito difundido este lunes, "por si fuera necesario tramitar la solicitud de extradición".

 

En el escrito, el ministerio público admite que la sentencia del TGUE se puede recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aunque afirma que el recurso de la defensa "no tiene efecto suspensivo". "Teniendo en cuenta la situación personal de ambos, huidos de la justicia y en rebeldía, resulta procedente emitir nuevamente órdenes de detención internacionales y europeas sobre los dos procesados por delitos especificados en el auto del 12 de enero". En este punto hay que recordar que, después de la revisión del procesamiento provocado por la reforma del Código Penal, Puigdemont y Comín están perseguidos por los delitos de malversación agravada y desobediencia —la sedición decayó al ser derogada del marco penal. Los fiscales añaden que, por la malversación agravada, los hechos constituyen penas de prisión que van de los 6 a los 12 años.

Inmunidad "sin efecto"

En la argumentación, el Fiscal repasa, marca los antecedentes de la causa contra el exilio y todos los cambios que se han producido en el procesamiento de los perseguidos. El punto fundamental que origina el escrito enviado este lunes es la sentencia del 5 de julio dictada por el TGUE sobre la retirada de la inmunidad parlamentaria de la cual disfrutaban los dos eurodiputados, tan pronto como entraron a formar parte del Parlamento Europeo. Después del revés del TGUE, el ministerio público constata que "la medida cautelar acordada en su momento ha quedado sin efecto" y entienden que este pronunciamiento les da vía libre para reclamar la entrega de Puigdemont y Comín.

La Sala considera que, aunque la defensa de Pugidemont ha anunciado que recurrirá la sentencia del TGUE delante del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, este recurso no tiene efectos suspensivos sobre la decisión del TGUE de retirarles la protección parlamentaria. Por todo ello, escriben, "se cumplen los requisitos establecidos por la legislación vigente", según la cual "se permite a la autoridad judicial española competente dictar orden de detención y entrega". Los fiscales de sala del Supremo son Consuelo Madrigal, Jaime Moreno, Javier Zaragoza y Fidel Cadena.