La Fiscalía se ha erigido en la protagonista de la primera sesión del juicio a cuatro exmiembros de la Mesa del Parlament presidida por Roger Torrent. Primero, la fiscal Assumpta Pujol ha pedido suspender el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ha empezado este miércoles, hasta que la sala 77 del alto tribunal catalán resuelva el recurso presentado por la Fiscalía contra la recusación del juez Carlos Ramos del tribunal juzgador. Y después, casi al final de la vista, en las cuestiones previas, el fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio ha expresado una queja sobre la desjudicialització anunciada entre el PSOE y ERC. "Circula una bola que este juicio forma parte de los procedimientos judiciales que se han llevado a la tabla de diálogo en la que se pretende el archivo de todos los procedimientos penales pendientes contra políticos catalanes. Por suerte es una bola y este tribunal hará el juicio", ha afirmado el veterano fiscal.
El tribunal, presidido por Carles Mir, ha acordado continuar el juicio, en que hoy se han planteado las cuestiones previas. Las defensas han apelado a la inviolabilidad parlamentaria de Roger Torrent, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado y han pedido que se suspenda el juicio. El tribunal ha resuelto que informará mañana jueves, que además están citados los testigos. La declaración de los encausados se ha programado para el final, el viernes, para garantizar mejor su derecho de defensa.
Josep Costa, contundente
El más contundente ha sido el exvicepresidente de la Mesa del Parlament Josep Costa, del cual se especulaba que no iría a la vista, y se ha presentado con toga para defenderse. "Después de que la fiscalía me haya descalificado y despreciado, ahora ha hecho uso de mala fe procesal", ha afirmado Costa en la vista. El tribunal, pero, ha decidido celebrar la vista contra la mesa del Parlament: Tenemos la obligación de celebrar el juicio", ha manifestado el magistrado Carles Mir.
La Fiscalía acusa al expresident del Parlament y conseller d'Empresa, Roger Torrent; el exvicepresident Josep Costa y los exsecretarios Eusebi Campdepadrós, secretario para la Admnistración de Justícia y Adriana Delgado, alcaldesa de Sant Vicenç de Castellet, de un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional por haber mantenido el 29 de octubre y el 5 de noviembre de 2019 una resolución de los tres grupos independentistas que afianzaba el derecho a la autodeterminación del pueblo de Catalunya y la "reprobación de la monarquía tantas veces como quieran los diputados". Para Torrent, Costa y Campdepadrós solicita que sean castigados a 20 meses de inhabilitación a cargo público y multa, y para Delgado 16 meses de inhabilitación. La acusación popular, ejercida por VOX, pide el mismo castigo. Las defensas piden su absolución y quieren incidir que las resoluciones del 2019 nada tienen que ver con las aprobadas por la mesa del Parlamento de 2017, ya que fueron políticas y no ejecutivas.