La amenaza ya estaba sobre la mesa y finalmente la fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez Frigola, ha cumplido: la Fiscalía ha pedido la suspensión del protocolo canario de atención a menores migrantes por vulnerar sus derechos fundamentales. Farnés ha recurrido este miércoles el protocolo canario de atención a menores migrantes no acompañados, ya que este obliga a los menores a pasar por una serie de trámites que antes no eran necesarios, lo que ralentiza su entrada al sistema de protección en pleno flujo migratorio. Según ha avanzado El diario.es, la Fiscalía considera que la medida impuesta por el gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular vulnera el derecho fundamental al principio de igualdad reconocido en el artículo 14 de la Constitución y en la Convención de los Derechos del Niño, así como el derecho fundamental a la integridad moral reconocido en el artículo 15 de la Constitución.
En el recurso que ha presentado la fiscal a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pide la suspensión del protocolo al considerar que "su ejecución supone la ausencia de atención inmediata a la situación de desamparo'' en la que se encuentran los menores al llegar a las islas.
Así quiere actuar el gobierno canario ante este "desorden"
El gobierno de Fernando Clavijo publicó el jueves pasado en el Boletín Oficial de Canarias el protocolo que detalla cómo pretende actuar a partir de ahora ante el "desorden" que cree que genera el hecho de que la Policía entregue a los niños llegados en patera directamente a los centros sin una identificación detallada y sin cumplir los trámites pautados, poniendo en riesgo sus derechos, a su juicio. Ese protocolo exige que el menor llegue perfectamente filiado e identificado, que se le haya escuchado y entrevistado para saber si es candidato a refugio o asilo, que el Estado tramite cada expediente de forma individualizada y que la Fiscalía intervenga si hay dudas sobre su edad; y todo ello, antes de trasladarlo a un centro de la comunidad autónoma, siempre y cuando esta confirme que tiene plazas.
La fiscal superior considera que "no existe motivo para someter a un niño pequeño que llega solo a un trámite inexistente en la ley y retrasar su entrada en un centro de menores adecuado, que es donde la ley establece que debe estar. Sin duda, la aplicación de este protocolo permite la permanencia de menores indubitados en centros policiales''.
También el Consejo de Ministros puso en marcha este martes el procedimiento para recurrir el protocolo de atención a los niños llegados en pateras y cayucos aprobado por el gobierno de Canarias y solicitar al Tribunal Constitucional que deje claro que la protección de los menores es siempre competencia autonómica. En concreto, el Gobierno acordó solicitar con carácter urgente un informe al Consejo de Estado sobre ese protocolo, el paso que necesariamente tiene que dar antes de entablar un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional contra la comunidad de Canarias, según informó la ministra portavoz, Pilar Alegría.