La Fiscalía Superior de Catalunya ha pedido al Tribunal Superior de Catalunya (TSJC) que aplique la ley de amnistía a los cargos de ERC, Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y Natàlia Garriga, según ha informado la Fiscalía General del Estado, este jueves. El teniente fiscal Pedro Ariche afirma que lo pide por "estricta aplicación de los principios instrumentales de unidad de actuación y de dependencia jerárquica"; es decir, se puede deducir que discrepa, pero que obedece a lo que dictó el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la Junta de Fiscales, que se tiene que pedir la extinción de responsabilidad penal y civil en todos los delitos relacionados con el procés, incluida la malversación del 1-O. Con todo, Ariche hace un informe técnico y sin valoraciones políticas, lejos del informe de los fiscales del Tribunal Supremo. Con esta respuesta, la Fiscalía Anticorrupción también tendrá que pedir la amnistía para la treintena de excàrrecs y empresarios procesados por el 1-O al juzgado de instrucción 13 de Barcelona
En la causa del TSJC, también está personado el partido ultra Vox y, seguramente, pedirá que no se les aplique la amnistía, como ya ha hecho en otros procedimientos como en el de Tsunami Democràtic. El tribunal, presidido por el presidente del TSJC, el magistrado Jesús María Barrientos, tendrá que decidir ahora si los amnistía o suspende la causa para consultar al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la aplicación de la ley. Tiene dos meses para hacerlo, según la norma.
Penas elevadas de prisión
La Fiscalía Superior de Catalunya presentó, hace un año, el escrito de acusación contra los mandos de Oriol Junqueras en 2017: pedía 7 años de prisión, 32 años de inhabilitación y 30.000 euros de multa para Josep Maria Jové, y 6 años y tres meses de prisión, 27 años y 3 meses de inhabilitación y multa de 24.000 euros para Lluís Salvadó, actual presidente del Port de Barcelona, por los delitos de malversación de fondos, prevaricación y desobediencia por la organización del 1-O desde el Departament de Vicepresidència, Economia i Hisenda. Para la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, la Fiscalía solicitaba un año de inhabilitación y 18.000 euros de multa por desobediencia al Tribunal Constitucional (TC) por los preparativos del referéndum, bajo la dirección de Jové.
Explicación técnica del teniente fiscal
En su escrito, el teniente fiscal Pedro Ariche no critica ni cuestiona el posicionamiento oficial de la Fiscalía, que es un organismo jerárquico, como sí que lo hicieron los fiscales del Supremo del 1-O. Ariche sostiene: "A nadie escapa, por otro lado, que el examen de los nuevos preceptos por parte del fiscal no puede abordarse desde una perspectiva meramente individualista (lo que esta representación considere, según su particular saber y entender, en relación con este concreto asunto), sino que, como no puede ser de otro modo, la salvaguarda principio instrumental de unidad de actuación, garantía a su vez del de seguridad jurídica, aquel tiene que ser consecuencia de una respuesta integral de esta Institución".
Por eso, el teniente fiscal concluye que pide la amnistía para Jové, Salvadó y Garriga "en estricta aplicación de los principios instrumentales de unidad de actuación y de dependencia jerárquica, que informan su actuación y entendiendo que los mismos se encuentran subordinados a los valores superiores de respeto a la legalidad e imparcialidad, que constituyen el núcleo esencial de la función constitucional de este Ministerio y que rigen su actuación ante los tribunales".