La Fiscalía del Tribunal Supremo y la Agencia Tributaria trabajan para comprobar la declaración complementaria por la que Juan Carlos I pagó 678.000 euros a Hacienda para regularizar las tarjetas 'black', según asegura El Periódico.
La semana pasada el antiguo monarca presentó una declaración "sin requerimiento previo" ante la Agencia Tributaria para pagar unos ingresos no declarados. El total de la deuda ya pagada, según el documento, es de 678.393,72 euros. Es decir, el monarca huido a los Emiratos Árabes declaró unos fondos que no tenía declarados ante el fisco español. Por lo tanto, admitía el fraude, pero podría esquivar posibles investigaciones penales.
Para comprobar la declaración del emérito serán útiles dos comisiones rogatorias que la Fiscalía envió a México DF y a Londres pidiendo información sobre movimientos del empresario millonario y amigo de Juan Carlos I, Allen Sanginés-Krause.
El procedimiento de comprobación
Para la Agencia Tributaria, explica El Periódico, la comprobación de la regularización es automática, no se puede postergar, como ha pasado en otras ocasiones con la fortuna del monarca.
Si la cantidad no casa, una de las dos entidades que investigan el caso notificará a Juan Carlos I la nueva investigación. En este caso, lo que se pediría al emérito es que mostrara documentación contable adicional.
Para Hacienda es la manera que tendrá de comprobar los tres extremos que revisa la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF): si la declaración adicional ha sido espontánea (que no se ha proporcionado porque alguien ha alertado al "obligado tributario"), si ha sido verdadera y si es completa.
El emérito, "a disposición del ministerio fiscal"
En el comunicado difundido el miércoles pasado por la tarde, el abogado Javier Sánchez-Junco informó de que el rey emérito Juan Carlos "le dio instrucciones para que hiciera público que procedía a presentar delante las autoridades tributarias competentes una declaración sin requerimiento previo de la que ha resultado una deuda tributaria, ya satisfecha, por importe de 678.393,72 euros incluyendo intereses y recargos".
El letrado aseguraba que "en cualquier caso, el rey Juan Carlos continúa, como siempre lo ha estado, a disposición del ministerio fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportunos".
El movimiento es importante porque podría salvarlo de consecuencias penales, al menos en este caso, uno de los muchos que tiene abiertos. La Fiscalía del Tribunal Supremo estaba investigando el uso por parte del rey emérito y su entorno —como sus nietos Froilán y Victoria Federica— de tarjetas de crédito vinculadas a cuentas corrientes de las que no es titular. El dinero provendría del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, que lo habría puesto a disposición de Juan Carlos I y este no lo habría declarado en España.