La fiscalía ha presentado el escrito de acusación por los miembros de la Sindicatura Electoral del 1-O una vez acaba la fase de instrucción. El ministerio fiscal los acusa de los delitos de desobediencia y usurpación de funciones públicas. Por el primer delito pide 9 meses y por el segundo, 2 años.
En el escrito de acusación cae el delito de malversación por el que habían sido investigados. Los procesados son Jordi Matas Dalmases, Marta Alsina, Tania Verge, Josep Pagès y Marc Marsal.
El fiscal argumenta que aunque el Tribunal Constitucional impugnó la resolución del Parlament de Catalunya que nombraba a los síndicos, estos "ignoraron los acuerdos y requerimientos del TC". Según la fiscalía, siguieron aprobando resoluciones y publicándose en las webs habilitadas por la campaña del referéndum.
El escrito de acusación del ministerio público relata que "vista la persistente inobservancia por parte de los acusados, de las resoluciones del Tribunal Constitucional, lejos de cesar su actividad continuaban con la elaboración y publicación de resoluciones". Y explica que sólo renuncian al cargo cuando se pide una multa de 12.000 euros por cada uno de ellos.