Más oxígeno. Los fiscales que dirigen las indagaciones sobre el patrimonio de Juan Carlos I han solicitado a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que prorrogue la investigación sobre las presuntas comisiones ilegales por la adjudicación del AVE a la Meca y sobre el supuesto uso de tarjetas black financiadas por un empresario mexicano. Fuentes próximas al caso han confirmado a Europa Press que estas dos líneas de investigación caducarán en los próximos días, motivo por el cual se ha considerado conveniente pedir una prórroga. Una prórroga de seis meses que Delgado ya ha firmado, según ha avanzado el diaro ABC este martes.

A principios de este mes de diciembre ya se alargó otra indagación abierta, relativa a la fortuna que el rey emérito habría escondido en la isla de Jersey. Concretamente, hace referencia a la presunta existencia de una cuenta bancaria con diez millones de euros a nombre de Juan Carlos I. Delgado firmó un decreto por el cual alargaba las investigaciones desde el 17 de diciembre hasta junio de 2022.

No agotar los plazos

Ahora se ha solicitado para el caso del supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE en la Meca en empresas españolas, ya que hay que estudiar la última información enviada desde Suiza en respuesta a una comisión rogatoria relativa a las finanzas de Juan Carlos I en los años posteriores a su abdicación, el año 2014. La otra actuación que llevan a cabo de manera conjunta la Fiscalía del Tribunal Supremo y Anticorrupción sobre el rey emérito se refiere al supuesto uso por parte del exmonarca y otros familiares de la Casa Real de tarjetas de crédito opacas con cargos en cuentas bancarias donde no figuran como titulares.

Las fuentes consultadas por Europa Press ya han apuntado que la idea es no agotar los plazos de la prórroga solicitada, a pesar de que tampoco actuar con la velocidad que impone el calendario, ya que un caso de este tamaño requiere prudencia, garantías y el análisis de toda la documentación conseguida.

Archivar las diligencias

A finales de verano se supo que los fiscales que dirigían las investigaciones consideraban la posibilidad de archivar las diligencias, o bien porque algunos de los presuntos delitos habrían tenido lugar cuando Juan Carlos I era inviolable, o porque algunos habrían prescrito, o bien porque existe una falta de peso probatorio en otros. También hay que sumar las dos regularizaciones fiscales por parte del exmonarca, que ascienden a los cinco millones de euros.

Las diligencias de investigación acaban con la interposición de una denuncia o querella, judicializando el caso, acumulando las indagaciones a otros procesos existentes o archivándolas. Cuando se archivan unas diligencias porque se entiende que no existen elementos, se termina con un decreto de archivo del fiscal.

 

Imagen principal: El rey emérito Juan Carlos I / Europa Press