La fiscalía española se plantea ahora actuar contra el president en el exilio, Carles Puigdemont, a través del Tribunal de Cuentas. ¿Cómo lo piensa hacer? Le reclama todo el dinero supuestamente utilizado en la organización del 1 de octubre. Según fuentes jurídicas, recurrir a la jurisdicción contable permitiría recuperar los fondos más rápidamente, ya que se contaría con mejores herramientas legales. Fuentes próximas al Tribunal de Cuentas calculan que la suma supuestamente malversada rozaría los tres millones de euros.
Según han adelantado El País y La Sexta, además del procedimiento penal contra los acusados por el caso 1-O, la fiscalía ahora también quiere abrir un proceso paralelo en el Tribunal de Cuentas e interponer una demanda al president Carles Puigdemont y a los consellers en el exilio. Con esta, se espera conseguir la restitución de los fondos monetarios de la Generalitat de Catalunya que se destinaron, supuestamente, a financiar el proceso soberanista hasta la declaración de independencia en el Parlament el 27 de octubre del 2017.
El viernes, la fiscalía y la Abogacía del Estado presentaron sus escritos con la petición de penas para los líderes encarcelados del 1-O. Además de las penas de prisión por los delitos de rebelión sedición, desobediencia y malversación, según cada caso, las acusaciones incluían un primer cálculo del dinero supuestamente destinado al referéndum. Según la fiscalía, esta cifra se eleva a 2,87 millones de euros. La cantidad de la Abogacía es más baja y suma un total de 1,97 millones de euros. Y hay un tercer actor, la Guardia Civil calcula que el gasto fue de 4,02 millones.
El precedente de Mas, Homs, Ortega y Rigau
No es la primera vez que la fiscalía inicia un proceso monetario en este tribunal. El ministerio público ya vio "malversación contable" en la organización del referéndum del 9-N y pidió al Tribunal de Cuentas que investigara al president Artur Mas y a los consellers Francesc Homs, Joana Ortega y Irene Rigau. El caso de la consulta del 2014 ya se juzgó en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hace dos años y culminó con penas de inhabilitación política y multas económicas. Pero Societat Civil Catalana abrió una segunda parte del juicio llevando las presuntas irregularidades de la financiación de la consulta en el Tribunal de Cuentas.
En esta causa concreta la fiscalía reclamaba 5,25 millones de euros. Los acusados tuvieron que depositar como fianza esta cifra antes del juicio, que se celebró el pasado mes de octubre y está ahora pendiente de sentencia. La resolución que tome el Tribunal de Cuentas todavía se puede recurrir al Tribunal Supremo. El Tribunal también embargó los bienes inmuebles de los investigados.
Facilidades para investigar el "delito de malversación"
La fiscalía considera que recurriendo al Tribunal de Cuentas es más fácil investigar el delito de malversación. Este tribunal es el máximo órgano fiscal del Estado y por eso "tiene las máximas herramientas para determinar el importe total malversado", señalan fuentes jurídicas. "Muchas más que el Tribunal Supremo", añaden. Además, se cuenta con otra facilidad: en este proceso penal no es necesario que los acusados comparezcan físicamente en el tribunal.