La fiscalía ha presentado dos querellas contra el alcalde de Collbató, Miquel Solà d'ERC, y contra el exalcalde de Molins de Rei, Joan Ramon Casals del PDeCAT por un delito de desobediencia por el referéndum del 1 de octubre.
Las querellas, presentadas el 29 de enero y firmadas por la fiscal en jefe de Barcelona, Concepción Talones, apuntan que Solà y Casals, que ahora es jefe de gabinete del presidente de la Generalitat, habrían cometido un delito de desobediencia según el artículo 410.1 del Código Penal, que prevé multas de tres a doce meses e inhabilitación especial para cargo público de seis meses a dos años.
La fiscalía recuerda en las dos querellas que el Tribunal Constitucional (TC) advirtió expresamente a todos los alcaldes que tenían el deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa para organizar o celebrar el referéndum. A pesar de eso, el alcalde de Collbató dictó un decreto de apoyo al 1-O donde mostraba su voluntad de cumplir la Ley del referéndum. Asimismo, firmó un escrito junto con el resto del gobierno municipal poniendo a disposición el local municipal habitual en elecciones y permitió la apertura de lo mismo.
Con respecto al entonces alcalde de Molins, dictó también un decreto de apoyo al 1-O y el 8 de septiembre envió un correo electrónico a todos las usuarios del correo del Ayuntamiento donde aseguraba que facilitaría los espacios necesarios para celebrar la votación y que el coordinador y "el único responsable" sería él. Asimismo también hizo un discurso público el 11 de septiembre asegurando que las escuelas habituales estarían abiertas el 1-O y permitió la apertura de cuatro locales de votación.
Los dos alcaldes, apuntan las querellas, "desatendieron deliberadamente y conscientemente" los requerimientos del TC y permitieron la apertura de locales el 1-O a pesar de conocer "sobradamente" la suspensión del decreto de preparación del referéndum y las responsabilidades en que podrían incurrir.
Investigaciones archivadas
Por otra parte, también ha decidido archivar la investigación contra otros diez alcaldes y exalcaldes, los de Badalona, Sant Vicenç dels Horts, Masquefa, Castellví de Rosanes, Corbera de Llobregat, El Papiol, La Palma de Cervelló, Martorell, Olesa de Montserrat y Montgat. Argumenta que no se ha podido constatar, a pesar de las "fundadas sospechas", que estos alcaldes dictaran ningún acuerdo, resolución o disposición "que contribuyera efectivamente a la preparación o celebración del referéndum del 1-O", cedieran locales o dieran instrucciones para la apertura de los mismos.