Nueva acción penal. La Fiscalía ha presentado una querella contra la actual alcaldesa de Calella, Montserrat Candini (PDeCAT), a quien acusa de los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y falsedad documental, junto con el periodista Carles Fernández y otras dos personas, por haberle concedido a la empresa de él, dos contratos menores relacionados con la campaña de promoción turística del municipio en el 2020, sin cumplir el régimen de contratación. El juzgado de instrucción 4 de Arenys de Mar ha admitido a trámite la querella, según informa hoy la Fiscalía. La investigación fue realizada a raíz de una denuncia e investigada por el área de Anticorrupción de los Mossos de Esquadra.
En la querella, se expone que la alcaldesa concedió la campaña de promoción de la ciudad, con el nombre Es Calella, a la empresa de Fernández, que costó un total de 57.300 euros en los medios de comunicación y 31.000 euros en las radios. Antes, sin embargo, le adjudicó un contrato de servicios menores por 14.943 euros para que no tuviera que ir a concurso público, que es obligado cuando se supera la cantidad de 15.000 euros. La Fiscalía sostiene, además, que el contrato se concedió en mayo del 2020, antes de que lo aprobara el pleno del Ayuntamiento, en junio. Para la Fiscalía esta acción "infringe la normativa" reguladora de los contratos en las haciendas locales.
Relato
Además, la Fiscalía expone que las otras dos querelladas habían sido trabajadoras del Ayuntamiento de Calella, en el área de Comunicación, por trabajos puntuales. Y en la promoción de la citada campaña de publicidad pidieron a la alcaldesa que les pagara las horas extra que habían realizado. La fiscal precisa que la alcaldesa y los otros querellados "se pusieron de acuerdo" para que les pagaran las horas extras de las mujeres a través de la empresa de Fernández. También indica que se concedió un segundo contrato menor a la empresa de Fernández para hacer la valoración de la campaña publicitaria que había hecho la misma empresa, en diciembre de 2020. Un hecho -indica- que fue criticado. El contrato de servicios también era menor, de 15.065 euros. "La factura se emitió el 7 de diciembre de 2020, es decir solamente cuatro días después de que se hubiera adjudicado", manifiesta la fiscal. Añade que este informe de valoración "nunca tuvo entrada de registro al Ayuntamiento de Calella". Y precisa que fue el responsable de comunicación del consistorio quien recibió el documento en formato PDF de parte de Fernández, en enero de 2021, y que era de "baja complejidad técnica".
La fiscal expone que la empresa de Fernández, según la información de Hacienda para esta investigación, indica que el periodista es el administrador único y no tiene empleados. Su empresa pagó 3.000 euros a cada una de las dos trabajadoras. Y el segundo contrato, según la fiscal, fue para pagar a la empresa de Fernández por haber abonado el dinero a estas trabajadoras. Por todo eso, les acusa por un delito continuado de prevaricación, cuatro delitos continuados de falsedad de documento mercantil y un delito de malversación de fondos.
Apoyo a la alcaldesa
Ante la noticia, el Ayuntamiento de Calella ha emitido un comunicado en el cual asegura que “no tiene ninguna constancia que la Fiscalía haya presentado ninguna querella que afecte a la alcaldesa Candini ni ningún trabajador o trabajadora municipal”. Añade que la alcaldesa Candini “hace casi tres meses que está de baja para superar una enfermedad”, y que la están tratando desde la unidad de Ginecología oncológica del hospital Clínico de Barcelona. Y concluye que "el gobierno de Calella da todo su apoyo y ánimo a la alcaldesa Candini, que durante años y años ha demostrado –y lo continúa haciendo en cada momento—su lucha a favor del país, su trabajo incansable por la ciudad y su compromiso inalterable con las personas y con la verdad”.