La Fiscalía ha presentado esta mañana las dos querellas por los delitos de rebelión, sedición y malversación contra el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, los miembros del Govern y la Mesa del Parlament. Sólo el delito de rebelión ya comporta 30 años de prisión.

El ministerio público presenta las querellas y les pide una fianza de 6.207.450 euros a pagar para "el aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias en las que pudieran incurrir los ahora querellados" y remarca que se incluye "la exigencia de fianza y, si ocurre, embargo de bienes en la cuantía que prudencialmente se fija en un importe de 6.207.450 euros de acuerdo con las previsiones contenidas".

Lo que no ha pedido es, ahora mismo, la prisión. Se espera a que declaren. Aunque si no se presentan a la comparecencia, la orden es de detenerlos.

El fiscal también pide que el caso que está abierto ahora mismo en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el Govern dirigido por la magistrada Mercedes Armas se traslade a la Audiencia Nacional y se unifique todo en uno.

En una comparecencia para anunciar las querellas, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha explicado que las querellas incluyen a todos aquellos que hayan tomado y llevado a cabo "decisiones y actos a lo largo de estos dos últimos años y que han provocado una crisis institucional que culminó el 27 de octubre con la declaración de independencia·.

Maza ha calificado de "menosprecio a la institución" el camino que ha emprendido el Govern de la Generalitat para declarar la independencia.

El fiscal general del Estado ha cerrado la comparecencia con toda una declaración de intenciones: "La Fiscalía seguirá ejerciendo sus funciones desde la imparcialidad para garantizar el con respecto al estado de derecho y al orden institucional gravemente afectado por las conductas que motivan las querellas".

Los investigados

Las querellas de la Fiscalía tienen en cuenta todos los movimientos que ha hecho el Govern y Parlament desde hace dos años.

La Fiscalía acusa a todo el consejo ejecutivo del Govern de la Generalitat y que el gobierno español ha cesado: Carles Puigdemont i Casamajó, president; Oriol Junqueras i Vies, titular del Departament de la Vicepresidència y d'Economia i Hisenda; Jordi Turull i Negre, conseller de Presidència; Raül Romeva i Rueda, conseller del Departament d'Afers Internacionals, Relacions Institucionals i Transparència;  Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut; Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat; Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies; Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge; Clara Ponsatí i Obiols, consellera d'Ensenyament desde mayo del 2016; Joaquim Forn i Chiariello, conseller d'Interior; Lluís Puig i Gordi, conseller de Cultura; Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia; Santiago Vila i Vicente, conseller d'Empresa i Coneixement, y Meritxell Serret i Aleu, consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

La otra querella, la que se ha presentado en el Supremo, incluye como investigados a Carme Forcadell i Lluís, presidenta del Parlament de Catalunya, y los miembros de la Mesa del Parlament, Lluís Maria Corominas i Díez, vicepresidente primero entre el 22 de octubre del 2015 y el 25 de julio del 2017 y desde el 17 de este mismo mes, presidente del grupo parlamentario Junts pel Sí; Lluís Guinó i Subirós, vicepresidente primero desde el 25 de julio de 2017; Anna Simó i Castelló, secretaria primera y Ramona Barrufet i Santacana, secretaria cuarta, todos ellos miembros de la diputación permanente del Parlament, así como contra Joan Josep Nuet i Pujals, secretario tercero de la Mesa.

Provocar la revuelta en la calle

La Fiscalía justifica el delito de rebelión apuntando que mientras el Parlament hacía un trabajo de aparente legalidad, se estaba organizando la revuelta en la calle: "Mientras que los trabajos parlamentarios se orientaban a aprobar una normativa con la cual fundamentar y dar una apariencia de legalidad a las diferentes etapas del proceso de desconexión, la actuación a través de los movimientos populares, por ellos favorecida, iba encaminada a crear a la ciudadanía un sentimiento de rechazo hacia las instituciones españolas y los poderes del Estado que justificaran la desobediencia de la sociedad hacia las órdenes emanadas de ellos y que permitieran, cuando fuera necesario, su movilización para dar apoyo a la consecución de los fines independentistas".

El ministerio público avala el delito de rebelión, aunque no haya habido violencia en la calle ni ningún alzamiento, con el impulso de las concentraciones multitudinarias en la calle. De hecho, la Fiscalía tiene en cuenta todas las que se han hecho los últimos dos años.

El texto del fiscal no se olvida de la intervención de la ANC y Òmnium, que ya tienen sus propias querellas y sus presidentes en la prisión de Soto del Real, pero en esta nueva denuncia pone en el centro del debate un trabajo encubierto del Govern en pleno: "Paralelamente, y como instrumentos al servicio del plan secesionista del Govern, los querellados promovieron actos, manifestaciones y proclamas abonando en la sociedad la idea de la existencia de un derecho de autodeterminación de Catalunya sobre el cual quedaba legitimada cualquier actuación del Govern y del Parlament al margen de las leyes y en contra de la Constitución, haciendo nacer en la sociedad la creencia de la legitimidad de las actuaciones en contra del poder constituido para defender este inexistente e inconstitucional derecho de autodeterminación".

La Fiscalía tiene en cuenta el hecho de que algunos de los miembros del Govern son socios de la ANC y de Òmnium y que habrían dado indicaciones para las movilizaciones: "Hace falta tener en cuenta que gran número de consellers del Govern y diputados independentistas, como se expuso, son asociados de estas entidades soberanistas, por lo que las iniciativas de ANC, Òmnium o AMI y las actuaciones del Govern o del Parlament se diseñaron por todos los miembros del Govern y los aquí querellados de manera que se retroalimentaban unas a las otras".

Entre los consellers que son miembros de las entidad están Clara Ponsatí, Joaquim Forn, Raül Romeva Rueda, Jordi Turull i Negre, Dolors Bassa i Coll y Anna Simó.

El ministerio público argumenta que el Govern tenía "la necesidad de contar con el apoyo activo de la ciudadanía mediante movilizaciones, concentraciones o manifestaciones que por su número representaran una fuerza intimidatoria suficiente, fue gradualmente imponiéndose en todos los ámbitos independentistas, desde los partidos políticos favorables a la independencia, a las instituciones catalanas y sus representantes".

La querella contra los miembros del Govern se ha presentado, tal como estaba previsto, en la Audiencia Nacional, porque el president y los consellers han perdido la condición de aforados. Y en el Tribunal Supremo, la que afecta a la presidenta del Parlament, Carme Frocadell, y los miembros de la Mesa.

Las querellas piden la citación urgente de los acusados, aunque no contemplan medidas cautelares antes, como detenciones. Esto la Fiscalía lo deja para después de las declaraciones de los investigados.

Tanto la Audiencia Nacional, como el Tribunal Supremo, ahora las tiene que admitir a trámite.

Sin ejército y con los Mossos

La querella explica la necesidad del Govern de contar con la "complicidad" de los Mossos ante la falta de ejército y recoge en el texto las conclusiones del Consejo de la Transición Nacional que incluía "ampliar las funciones del Cuerpo de Mossos d'Esquadra, asumiendo este funciones de seguridad externa y / o defensa, lo cual implicaría una militarización parcial de algunas unidades y efectivos de los Mossos".

En este sentido argumenta que "la Generalitat plasmaba así la necesidad de contar con el apoyo de las fuerzas de seguridad para llevar a cabo el proceso independentista, en particular con respecto a la policía autonómica."

Y concluye que "la declaración de independencia y la asunción en exclusiva del mando sobre los Mossos d'Esquadra supone implícitamente la potencial utilización de esta fuerza armada contra quienes intenten hacer efectiva la vigencia de la Constitución española a Catalunya".

Situaciones de violencia

La Fiscalía ve violencia en la resistencia pacífica que se hizo el 1 de octubre delante de los colegios electorales y detalla hasta 39 ejemplos de violencia en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. Todos estos ejemplos coinciden con las cargas policiales de la policía española en las puertas del centros ante la resistencia ciudadana.

El texto hace mención de los hechos y describe las consignas que se llamaban como: "Somos gente de paz, queremos votar, somos pacíficos","El pueblo unido jamás será vencido", "Fuera las fuerzas de ocupación o "Votaremos". Y justifica también las cargas policiales: "De manera que la Policía tuvo que utilizar la fuerza imprescindible para llegar hasta la puerta, formar una línea policial y pudo coger el material electoral, resultando lesionado un policía".

También cuantifican todas las personas que había delante los locales y la actitud de los manifestantes: "Los agentes policiales tuvieron que apartar a las 150 personas que con gran resistencia y agresividad les impedían entrar".

La querella contra el Govern 

 

 

La querella contra la Mesa del Parlament