Cambio significativo. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha rebajado a más de la mitad la reclamación que exigía a los gobiernos de Artur Mas y de Carles Puigdemont por haber organizado el referéndum del 1-O y la promoción de la independencia de Catalunya en el exterior. En concreto, inicialmente pedía 9 millones por las dos causas que se juzgarán de forma conjunta, y ahora 3,4 millones de euros. La Fiscalía General del Estado ha informado hoy, en un comunicado, de este cambio y ha asegurado que ha revisado con más esmero las partidas. No obstante, mantiene a los 35 a excargos del Govern, que investigó inicialmente, como responsables de 29 conceptos contables. Por su parte, Sociedad Civil Catalana ya presentó su demanda, también rebajada en dinero, a 5,3 millones de euros y hace responsables contables a once políticos, entre ellos, Puigdemont y siete consellers.
La Fiscalía tenía hasta ayer, martes, para formalizar la demanda contra los gobiernos de los líderes independentistas catalanes, la cual tiene 130 páginas. Con respecto al gasto del 1-O, la Fiscalía inicialmente reclamaba el retorno de 3,9 millones y ahora 1.219.838 euros. En la causa de Exteriors, se pedían 5 millones de euros y ahora 2.209.503 euros. Las defensas de los políticos ya habían expuesto que era incongruente considerar fraude todo el gasto de los viajes al extranjero del 2011 al 2017 que eran de promoción de Catalunya porque se hubiera hecho alguna conferencia o declaraciones sobre el procés catalán, como el caso de Artur Mas en los Estados Unidos.
Acusados
Con respecto al 1-O, la Fiscalía afirma que "ha establecido un principio de seguridad jurídica, recogiendo el mismo criterio que el Tribunal Supremo con respecto a los hechos probados de la sentencia, las condenas y la autoridad de las mismas". Así, del gasto del 1-O hace responsables a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull. A Toni Comín y Lluís Puig, exiliados, que califica de "rebeldes", también los incluye al afirmar que, a pesar de no haber sido juzgados, la sentencia indica que sus departamentos realizaron gastos para la votación. Al president Puigdemont se le imputa en la demanda por "su condición de máximo responsable del Govern". El resto de acusados por la organización del 1-O son: Neus Munté, Josep Ginesta, Teresa Prohias, Ignasi Genovès, Joaquim Nin, Antoni Molons, Jaume Mestre, Albert Royo, Amadeu Altafaj, Aleix Villatoro, y Andrew Scott Davis.
Sin Unipost ni CTTI
La Fiscalía también añade que la demanda no se dirige contra los consellers absueltos de malversación: Josep Rull, Joaquim Forn, Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs. Detalla que tampoco reclamará nada a Meritxell Serret ni a Clara Ponsatí, en el exilio. Además, también descarta a las dos interventoras de la Generalitat, Rosa Vidal y Mireia Vidal, que inicialmente estaban en el acta de liquidación. Las dos también son investigadas en el proceso penal del juzgado de instrucción 13 por la organización del 1-O. El fiscal precisa que no va contra las interventoras porque los peritos han afirmado que “no queda acreditado que se hubiera fiscalizado el gasto en alguna de las fases de ejecución del gasto público”.
También libera de responsabilidades al entonces secretario general de Hisenda y actual diputado de ERC, Josep Maria Jové, y la actual consellera de Cultura, Natalia Garriga, que estaba en el departamento de Jové, en no incluir la reforma de centro de llamadas anexo al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), valorada en unos 1,3 millones de euros. Los dos también esperan ser juzgados por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) por la organización del 1-O, y en este caso la magistrada instructora también excluyó el gasto del centro de llamadas al comprobar que había sido usado antes y después del 1-O, y donde recientemente estaba el centro de control de la covid-19. Hace lo mismo con Francesc Sutrías, director general de Patrimoni, al descartar los gastos de Unipost y del centro anexo al CTTI.
La Fiscalía detalla que en la sentencia de 2019, el Tribunal Supremo declara acreditado que la Generalitat encargó a la empresa Unipost, “de forma oculta y clandestina”, las cartas certificadas para los miembros de las mesas electorales del referéndum, cifradas en 1,1 millones de euros. Añade, sin embargo, que “se considera acreditado, como hace la sentencia, que la prestación no se llegó a ejecutar”. Incluso detalla que “consta la anulación de las facturas, la renuncia de la administradora concursal y el relevante dato que no figura en la masa activa del concurso de la sociedad”, y sostiene: “Podemos concluir que no hubo ninguna prestación y no hay posibilidad de ninguna reclamación". Este hecho podría tener efectos en la causa penal, pendiente de juzgarse, donde hay una treintena de investigados, y donde está el entonces director general de Unipost Pablo Reventós. Cabe recordar que la magistrada de Barcelona reclamó más de 5 millones de fianzas a los investigados, que aportó la Caixa de Solidaritat. La Fiscalía precisa que sí incluye la partida de 61.879 euros gastada para cartelería del referéndum y concluye que el gasto que considera no justificada por el 1-O es de 1 millón.
Libertad ideológica
En cuanto a la causa de Exteriors, la Fiscalía indica que mantiene cuatro principios: seguridad jurídica, libertad de opinión, análisis de la no invasión de la competencia exclusiva del Estado y unidad de actuación del ministerio fiscal. En el comunicado, no detalla las personas a quienes demanda, a pesar de que indica que son los dos presidentes, Mas y Puigdemont, y cargos intermedios. “La demanda respeta y aplica un principio de libertad ideológica respecto a la finalidad de los desplazamientos para impartir conferencias o para asistir a debates, jornadas, presentaciones de libros, puesto que la mayoría de las actividades no pueden reputarse dirigidas exclusivamente a publicitar el proceso soberanista, sino que se enmarcan en la organización de un programa de viaje con un objeto y finalidad de carácter institucional en el ejercicio de sus funciones, y las declaraciones quedarían amparadas por el derecho fundamental a expresar y difundir libremente pensamientos”, afirma ahora la Fiscalía. Por eso, también excluye la mayoría de gastos realizados desde el Diplocat, al considerar que fueron realizados “en gran parte con el departamento o instituciones dependientes de universidades extranjeras y escuelas superiores”.
Votos del 9-N y el 1-O
La Fiscalía expone que “la demanda se centra en aquellos gastos de los cuales puede predicarse la incorrección contable en los gastos que incurrieron las delegaciones de la Generalitat en el exterior y en los gastos de la entidad Diplocat, como algunas actividades de promoción del proceso soberanista”. Así, el importe reclamado sube a 2.209.503 euros, mientras que el importe de la liquidación provisional era de 5.150.711 euros. En este caso, Sociedad Civil Catalana reclama que devuelvan 1.843.471 euros. En la causa de Exteriors, la fiscalía hace responsables a 24 personas, incluidos la mayoría de responsables del Govern en delegaciones exteriores, como la de Alemania, Francia, Estados Unidos y la Unión Europea. También incluye el ex conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, descartado por SCC, a quien se hace responsable con otros miembros del Gobierno de financiar la plataforma FOCIR con 422.056 euros. La fiscalía, incluso, contabiliza el gasto por el envío de votos de las delegaciones exteriores tanto del 9-N del 2014 como del 1-O del 2017. En la delegación alemana, por ejemplo, este gasto no superó los 3.000 euros.
Avales
La rectificación de la Fiscalía coincide con el cambio reciente de criterio del Tribunal de Cuentas para aceptar los avales del Institut Català de Finances (ICF), presentados por los presidents de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresident Oriol Junqueras y otros ex-altos cargos del Gobierno para cubrir los 5,4 millones de euros fijados como liquidación provisional por la acción exterior del Govern del 2011 a 2017. En la resolución, se recogen términos muy duros contra la negativa a aceptarlos de la delegada instructora, Esperanza Garcia. Se afirma que la resolución que los rechazó como garantía "tiene carencia de contenido jurídico al expresar un proceso deductivo, irracional y absurdo por estar construido sobre una premisa errónea, que es la atribución de funciones judiciales". Una de las tres magistradas, sin embargo, manifiesta, en un voto particular, que la instructora actuó correctamente, como la Fiscalía.
La rebaja de la Fiscalía también tendrá efectos en los avales del ICF, gestionado por el Departament de Economia, que dirige Jaume Giró, que finalmente se tendrán que aportar al Tribunal de Cuentas. La reducción de responsabilidades también puede tener efectos en las causas penales pendientes de juzgar sobre los organizadores del 1-O y la causa de Exteriors.