La fiscalía española está cerrando los últimos flequillos de su acusación contra los presos políticos catalanes, y no sólo no rebajará la acusación sino que mantendrá que se produjo una rebelión, según ha informado la Cadena SER.
El único pequeño cambio es que la fiscalía se mantendrá en la franja baja de la petición de penas por rebelión. Pueden llegar a los 30 años, pero según las mismas fuentes apuntará a los 15 años, cosa que no satisface en absoluto las peticiones de puesta en libertad de los presos que hacen el Govern y los partidos independentistas.
El escrito de calificación provisional será presentado en los próximos días, y en él la fiscalía mantiene el mismo criterio que defendió durante el mandato de Mariano Rajoy, en las dos querellas que derivaron en la instrucción del juez Pablo Llarena. El cambio de gobierno y la elección de la nueva fiscal general del Estado, María José Segarra, no ha comportado ninguna variación.
Desde el principio de la causa, la fiscalía ha sido la principal impulsora de la acusación por rebelión; las querellas aseguraban que la acusación por rebelión "es firme" porque "se utilizaron vías violentas". Tanto Llarena como la sala de apelaciones han mantenido también esta acusación durante la fase de instrucción.
El delito de rebelión puede comportar hasta treinta años de prisión, las penas mínimas que piensa pedir la fiscalía, en caso de considerar a los acusados como "ideólogos principales", parten de los quince años, pero pueden ser inferiores si, por ejemplo, se considera uno de los presos como un "mando subalterno".
Finalmente, será la sala de lo penal del Tribunal Supremo quien decida, en última instancia, si condena a los presos políticos por rebelión. Además de una condena de prisión, podrían estar expuestos también a condenas de inhabilitación que pueden llegar a los 25 años de inhabilitación absoluta.