Más pronunciamientos a favor de la aplicación de la ley de amnistía. La Fiscalía de la Audiencia Nacional responde al juez Manuel García-Castellón que hay que aplicar la amnistía a los diez investigados por terrorismo en la causa del Tsunami Democràtic. El fiscal Miguel Ángel Carballo esgrime que “resulta manifiesto, sin necesidad de esfuerzo o desarrollo intelectual alguno”, que las protestas posteriores a la sentencia del procés “encuentran acomodo claro en el ámbito de aplicación” de la amnistía. Subraya que “no concurren ninguna de las exclusiones que prevé la ley” y tampoco “las que, hipotéticamente, a efectos dialécticos, podría plantearse su aplicación a los hechos objeto del procedimiento, tal y como los configuró” García-Castellón. “La muerte de un turista en el aeropuerto del Prat no tiene relación de causalidad con la concentración convocada por Tsunami y menos aún puede ser imputada a título de dolo a ninguno de los investigados” dada su “absoluta imprevisibilidad”, añade.
🔎 El quién es quién de la amnistía en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional
Por el contrario, Sociedad Civil Catalana (SCC) es la primera acusación popular que ha pedido al magistrado de la Audiencia Nacional que “suspenda” la aplicación de la amnistía a los diez encausados del caso Tsunami y que haga una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) porque, a su parecer, la norma del olvido penal “vulnera principios y disposiciones” del derecho europeo. En concreto, le propone que haga cinco preguntas al TJUE, según el escrito comunicado este jueves a las partes. Por ejemplo, SCC cuestiona que la ley permita levantar medidas cautelares, como la orden de detención, a pesar de que, por ahora, no afecta a los investigados de Tsunami, sino al president Carles Puigdemont en el caso del 1-O. Además, el escrito sostiene que la norma favorece a los políticos independentistas frente a la sociedad en general. Es previsto que el resto de acusaciones, como por ejemplo Vox, los dos policías heridos y entidades españolistas, hagan el mismo.
Lejos de todo esto, la Fiscalía pide que se declare la “extinción de la responsabilidad penal” por estos hechos y se decrete el “sobreseimiento libre”. Las partes tienen tiempo hasta la próxima semana para pronunciarse sobre la “aplicabilidad o inaplicabilidad” de la amnistía y después será García-Castellón el que deberá tomar una decisión. Aparte de los diez investigados en la Audiencia Nacional, la causa del Tsunami también tiene una pata en el Tribunal Supremo, con la investigación sobre Carles Puigdemont y Ruben Wagensberg, que son aforados.
“Ni hipotéticamente se aprecia que se hayan causado intencionadamente graves violaciones de derechos humanos”
El escrito de la Fiscalía, de seis páginas, tira por los suelos los argumentos de García-Castellón. Vuelve a contradecir la investigación por terrorismo impulsada por el juez y pone de relieve que “no se aprecia que los hechos hayan, ni hipotéticamente, causado de forma intencionada graves violaciones de los derechos humanos”, en particular los regulados en los artículos 2 y 3 del Convenio para la Protección de Derechos Humanos, que se refieren al derecho a la vida y al derecho a no sufrir torturas ni tratos degradantes. Esta es justo la excepción que pactaron el PSOE, Junts y ERC para blindar el Tsunami en la aplicación de la amnistía. Además, señala que “los que resultaron heridos en gran medida fueron los propios manifestantes a consecuencia de su propia acometida”.
El Ministerio Fiscal sostiene que “no consta” que los investigados cometieran “actos dolosos que hayan causado muerte, aborto, lesiones al feto o pérdida de una utilidad de órgano, miembro o sentido, así como impotencia, esterilidad o grave deformidad”. En relación con las lesiones sufridas por personas presentes en el aeropuerto o por policías lesionados en una “manifestación no convocada directamente por el Tsunami”, subraya que “no consta mensaje ni incitación alguna, inducción o provocación a causar lesiones graves a persona alguna” por parte de los convocantes, por lo que “no se les puede atribuir bajo ningún concepto la responsabilidad dolosa”. El fiscal Miguel Ángel Carballo concluye que en los autos de García-Castellón tampoco queda acreditada “ninguna lesión de las graves consecuencias” que se establecen en la ley de amnistía.
La Fiscalía también pide al Supremo la amnistía para todos los encausados del 1-O y del Tsunami
El posicionamiento de la Fiscalía de la Audiencia Nacional llega al día siguiente de que los fiscales del Supremo también emitieran su veredicto definitivo, que llegó después de que la Junta de Fiscales avalara el pronunciamiento del fiscal general del estado. Los dos fiscales del Supremo designados por Álvaro García Ortiz (Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Supremo, y Joaquín Sánchez-Covisa, fiscal jefe de la sala de lo penal del Supremo) sostienen que todas las causas relacionadas con el procés que el Alto Tribunal tiene encima de la mesa tienen que ser amnistiadas. Esto incluye la de Pablo Llarena, con Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig y Marta Rovira como procesados, la de Manuel Marchena, con Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa (condenados en la sentencia del 14 de octubre del 2019) y Clara Ponsatí (procesada), y la de Susana Polo, con Carles Puigdemont y Ruben Wagensberg como investigados por terrorismo por el Tsunami. En los tres supuestos, los fiscales son favorables a amnistiar a todas las personas porque consideran que todos los delitos están incluidos en el perímetro de la amnistía.