Sin freno. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido al juez Pablo Llarena que emita una nueva orden de detención internacional contra el exconseller de Cultura Lluís Puig, procesado por el delito de malversación de fondos agravado por el 1-O, según un escrito presentado este martes al cual ha tenido acceso ElNacional.cat. La causa de Puig, defendido por el abogado Miquel Sàmper, ha estado parada desde que el enero pasado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio parcialmente la razón al juez español sobre que se tenían que cumplir las entregas internacionales, excepto si el país receptor, en este caso Bélgica, veía que la persona reclamada pertenece a un grupo objetivamente identificable de personas (GOIP), a quien se le pueden vulnerar derechos, como sostiene el exilio catalán.
El escrito de la Fiscalía es firmado por los cuatro fiscales que intervinieron en el juicio del Tribunal Supremo a los líderes independentistas catalanes: Consuelo Madrigal, Jaime Moreno, Javier Zaragoza y Fidel Cadena. Exponen que el exconseller de Cultura fue procesado el 21 de marzo de 2018 por los delitos de malversación y desobediencia. Delitos —añaden— que se mantienen después de que el instructor del Supremo haya hecho una nueva imputación, en enero de 2023, a causa de la reforma del Código Penal por el Gobierno, con la eliminación del delito de sedición. Sostienen que el delito de malversación agravado por el cual es perseguido el exconseller Puig es grave, puesto que tiene una franja de castigo de 6 a 12 años de prisión.
Requisitos cumplidos
Los fiscales razonan que el 13 de junio de 2023 la sala de apelación del Supremo confirmó la resolución del juez Llarena, y desestimó los recursos del president en el exilio, Carles Puigdemont, y los exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig, y por la acusación popular de Vox. Y recuerdan a Llarena que en su resolución de enero pasado ya ordenaba la reactivación de las órdenes de detención europeas e internacionales de Puig, una vez el Tribunal Supremo confirmara su imputación, como hizo este verano.
Añaden que el Tribunal de Justicia de la UE, en su sentencia del 31 de enero pasado, en su conclusión sexta afirma que “la Decisión Marco 2002/584, en su versión modificada por la Decisión Marco 2009/299, tiene que interpretarse en el sentido de que no se opone a la emisión de varias órdenes de detención europea sucesivas contra una persona buscada con el fin de obtener su entrega por un estado miembro después de que la ejecución de la primera orden de detención europea no dé lugar a la infracción del artículo 1, apartado 3, de la Decisión Marco, y que la emisión de esta última orden de detención europea tenga proporcionalidad”, como sostienen que cumple la causa del procés.
Para los fiscales del Supremo, “se cumplen los requisitos establecidos por la legislación vigente” de reconocimiento mutuo de resoluciones penales de la Unión Europea, que permite a la autoridad judicial española competente dictar una orden de detención y entrega. Y por todo esto, los fiscales piden al juez instructor que emita “nuevamente” una orden de detención y entrega internacional del exconseller Lluís Puig, del cual tenía en vigor la orden de detención en el estado español, como el resto de políticos en el exilio.
La detención de Puigdemont
En verano, los fiscales del Supremo también pidieron al juez Llarena que reactivara la orden de detención internacional contra Puigdemont y Comín, cuando el Tribunal General de la UE (TGUE), desestimó que tuvieran amparo como diputados de Junts en el Parlamento Europeo. Aun así, el magistrado del Supremo indicó que prefiere que haya una sentencia firme, en este caso del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Precisamente, a finales de esta semana se agota el plazo para la defensa de Puigdemont y Comín, ejercida por Gonzalo Boye, para presentar el recurso contra la sentencia de primera instancia del TGUE.