El independentismo catalán, a un paso de volver a ser juzgado en el Tribunal Supremo. La Fiscalía de Barcelona ha solicitado que los cinco síndicos electorales del 1-O sean juzgados en el Tribunal Supremo, ya que uno de ellos, Josep Pagès, es diputado en el Congreso por Junts, y su aforo es al alto tribunal español. La Audiencia de Barcelona resolvió, el julio pasado, que el juicio contra los cinco síndics electorales del 1-O se tiene que repetir, tal como pedía la fiscalía al considerar que la magistrada del penal 11 de Barcelona, que los absolvió, no interpretó bien las pruebas. Ahora, la fiscal ha pedido al penal 11 de Barcelona que derive la causa al Supremo. En su informe afirma que "se tiene que enjuiciar todo en la misma causa para los aforados y los no aforados, porque existe una conexidad material entre los hechos atribuidos a las personas aforadas y a las no aforadas", según ha informado la Fiscalía de Barcelona a ElNacional.cat. Después de ser juzgados, Pagès obtuvo el aforo el 9 de marzo de 2021, como también Tània Verge, al ser nombrada consellera de Igualdad y Feminismos, el 25 de mayo de 2021. Por su nuevo cargo, Verge es aforada en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), pero la Fiscalía de Barcelona sostiene que todos tienen que ser juzgados en el Tribunal Supremo.
La fiscal pedía dos años y nuevos meses de prisión por los delitos de desobediencia y usurpación de funciones públicas a cada uno de los cinco síndics. En la sentencia, la magistrada sostenía que "no se acredita que dieran ninguna instrucción u orden ni que se volvieran a reunir después de las providencias dictadas por el Tribunal Constitucional (TC)", en las que ordenaba que no dieran ningún impulso para la realización de la votación del Referéndum. Ahora, la magistrada del penal 11 de Barcelona tendrá que decidir qué hacer. Los otros síndics electorales afectados son: el catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona (UB) Jordi Matas; el profesor de Derecho Administrativo a la UB Marc Marsal, y la abogada gerundense Marta Alsina.
Evitar resoluciones contradictorias
En su informe, la fiscal expone que los cinco encausados, como miembros de la Sindicatura Electoral de Catalunya y como órgano colegiado, estaba en sus manos adoptar y tomar determinadas decisiones para el buen funcionamiento del Referéndum del 1-O de 2017, "participando los cinco encausados en los acuerdos adoptados". Y añade que si "el enjuiciamiento se separa, generará el riesgo de incurrir en resoluciones contradictorias y dar respuestas heterogéneas ante hechos idénticos", si al final se resuelve que tienen que hacerse procedimientos diferentes y en órganos de enjuiciamiento diferentes. Para evitar estas resoluciones contradictorias, la fiscalía solicita un juicio conjunto.
Es a decir, los tres no aforados podrían ser juzgados al penal11 de Barcelona, mientras Verge al TSJC y Pagès, al Supremo. Una división que se realizó de forma similar en el juicio a la primera Mesa del Parlament: la mayoría fueron juzgados en el TSJC por desobediencia al TC, y Joan Josep Nuet, en el Supremo.
Ahora, se tendrná que pronunciar las defensas de los síndics del 1-O, que después de la resolución de la sección 8.ª de la Audiencia de Barcelona de repetir el juicio, se dividió su representación letrada, que inicialmente llevaba Ramón Setó. Precisamente, Setó, que ahora defiende a Tània Verge y Marc Marçal, presentó un último recurso a la Audiencia de Barcelona para que anulara su resolución de hacer repetir el juicio. El abogado Gonzalo Boye se hace cargo de las defensas de Josep Pagès y Jordi Matas, y el penalista Benet Salellas, de Marta Alsina.