La Fiscalía Anticorrupción recomendó en septiembre del 2018 que la Agencia Tributaria investigara las cuentas de Juan Carlos I en el marco de las diligencias abiertas a raíz de las conversaciones entre el excomisario José Manuel Villarejo y el examante del emérito Corinna Larsen. Al escrito, los fiscales reclamaban el archivo de la investigación, pero advertían que de las conversaciones se desprendía que podía haber irregularidades fiscales.
Los entonces fiscales del caso Villarejo, según informa La Razón, advertían al escrito enviado al juez instructor que “las potenciales contingencias tributarias que indiciariamente revelan las conversaciones sí es posible que merezcan la atención de las autoridades tributarias y, en su caso, pudieran derivar en el futuro en las correspondientes denuncias por delito fiscal”.
Entidad suficiente
Los representantes del ministerio público recordaban que meses antes, el 12 de julio técnicos del ministerio de Hacienda habían hecho llegar al magistrado un comunicado donde alertaban que las conversaciones de Villarejo y Larsen, "tienen la entidad suficiente para que el AEAT (Agencia Tributaria) les preste la máxima atención y las verifique".
A pesar de todo, no hay constancia en la causa de que la Agencia Tributaria investigara nada. Sí que consta un escrito de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la agencia, que sostiene que Juan Carlos I "no ha presentado declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero".
Las conversaciones de Villarejo y Corinna Larsen destaparon el entramado del monarca al extranjero|en el extranjero / Europa Press
Las comisiones del AVE
La causa judicial contra Juan Carlos por las conversaciones fue archivada en septiembre del 2018, pero la Fiscalía anticorrupción mantuvo abierta la investigación sobre las comisiones del AVE en La Meca, que en julio de este año pasó a manos del fiscal del Tribunal Supremo. Un nuevo informe del ministerio fiscal insistía en que las conversaciones grabadas por Villarejo merecían la atención de las autoridades tributarias porque podían derivar en el futuro en "las correspondientes denuncias por delito fiscal". El 20 de julio el magistrado del caso Villarejo reabrió la pieza de las conversaciones.
Meses antes, en septiembre del 2019, la Fiscalía Anticorrupción estaba investigando el uso por parte de Juan Carlos I y familiares suyos de tarjetas black, a nombre del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. Fue al publicarse esta investigación, que el emérito decidió regularizar su situación fiscal, habría defraudado 120.000 euros a Hacienda.