La Fiscalía ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra el tercer grado que el Departamento de Justicia concedió a los siete líderes independentistas presos en la cárcel de Lledoners (Bages) y que la jueza de vigilancia penitenciaria avaló la semana pasada. En concreto, a inicios de julio se les otorgó el tercer grado, un régimen de semilibertad, a los presos políticos.
Ahora bien, este lo recurrió ya la fiscalía y, en un primer momento, la titular del juzgado de vigilancia penitenciaria número 5 de Catalunya lo rechazó el 11 de agosto y dictaminó la suspensión de este, por lo cual volvieron a ingresar permanentemente en el centro penitenciario. No obstante, la semana pasada otra jueza avaló la aplicación del tercer grado, pero no levantó las medidas cautelares que anulan la aplicación de este régimen hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie.
Los presos políticos en la puerta de Lledoners el día que se les revocó el tercer grado / Marta Lasalas
Clasificación penitenciaria
El Tribunal Supremo, que es el tribunal sentenciador que los condenó a prisión, ahora tiene que resolver sobre los siete recursos, que son todos los que están ingresados en Lledoners y a los cuales se les ha retirado cautelarmente el tercer grado.
Al detalle, se trata de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull y Josep Rull, así como el expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Culural, Jordi Cuixart.
En concreto, tendrá que revisar la clasificación penitenciaria de los presos políticos. Según el punto de vista del fiscal se les tiene que revocar este régimen de libertad porque, de esta manera, se evita "transmitir a la sociedad que puede quedar impune el haber convertido la propia voluntad en ley fuera de las vías legalmente establecidas".
El 2 de julio, el secretario de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Amand Calderó, anunció que otorgaba el tercer grado a los líderes independentistas. Esta llega medio año después de que las prisiones otorgaran el segundo grado a los presos y en medio de un nuevo debate sobre la resolución, corta para unos y demasiado prematura para otros. La medida se ha propuesto hoy pero la tiene que ratificar el juez de vigilancia penitenciaria. En el otorgamiento del segundo grado tardaron un mes. La decisión se puede recurrir, pero Calderó ha recordado que en el caso del segundo grado nadie lo hizo. En el caso de que hubiera recurso, la última palabra la tiene el Tribunal Supremo después de agotar toda la vía judicial inferior.