La Fiscalía recurrirá el tercer grado de los presos políticos, aunque asume que estos estarán en semilibertad durante la campaña electoral y por lo tanto podrán participar en ella. La Conselleria de Justícia ratificó este jueves el tercer grado penitenciario que hace dos semanas las juntas de tratamiento propusieron para los líderes independentistas encarcelados por el 1-O.
Las resoluciones ya están notificadas y está previsto que salgan de los centros este viernes, justo el primer día oficial de campaña electoral, en la cual podrían participar, ya que la Generalitat recuerda que conservan el derecho de manifestación y participación política.
No obstante, el Servei de Classificació de la Secretaria de Mesures Penals todavía no ha decidido sobre la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que está en el centro penitenciario de Wad-Ras, confinado por un brote de Covid. La decisión se tomará más adelante.
Oriol Junqueras y Raül Romeva vuelven a Lledoners después de la suspensión del primer tercero grado / Maria Contreras Coll
Según asegura El País, el ministerio público recurrirá el tercer grado de los líderes independentistas, los cuales ya pueden empezar a disfrutar de la semilibertad porque el tercer grado es de aplicación inmediata una vez se otorga.
Un recurso de alzada
La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que cuando el fiscal recurra "en apelación" el cambio de grado de un penado, este recurso tendrá "efecto suspensivo, que impedirá la puesta en libertad del condenado" si se dan dos requisitos: que la decisión que se recurra implique la "excarcelación" del interno y que se trate de delitos graves, explica el citado medio.
Ahora bien, el primer recurso que tiene pensado interponer la Fiscalía no es de apelación, es de alzada para impugnar un acto administrativo, en este caso, la concesión del tercer grado. Sobre este tipo de recurso hay discrepancias sobre si la impugnación también suspende la aplicación inmediata.
Estas discrepancias ya se vieron durante el primer tercer grado de los presos; el juez que estudiaba el caso de los presos de Lledoners les suspendió la semilibertad en cuanto la Fiscalía impugnó la decisión de la Generalitat. Por otra parte, el juzgado que revisó la situación de Carme Forcadell y Dolors Bassa las mantuvo.
Si los juzgados mantienen el mismo criterio que con el primer tercer grado, los presos políticos tendrían que volver al segundo grado en el mismo momento en que la Fiscalía presente su primer recurso, pero el ministerio público no podrá impugnar la medida hasta que la Generalitat no se la notifique.
La Fiscalía, enfadada
Fuentes de la Fiscalía han explicado a El País que consideran que la concesión del tercer grado "se acerca a la prevaricación". Según estas fuentes, la Generalitat podría haber incurrido en una "desviación de poder si ha concedido la semilibertad a los presos para que participen en la campaña electoral".
Estas mismas fuentes reprocharon al Tribunal Supremo que, cuando dictó la sentencia del procés, no accediera a su petición de que se aplicara a los presos el artículo 36.2 del Código Penal, que establece que cuando la pena de prisión sea superior a los cinco años, el tribunal podrá vetar el acceso al tercer grado hasta que no se cumpla, como mínimo, la mitad de la condena.
Foto principal: Joaquim Forn, Oriol Junqueras y Jordi Cuixart volviendo a Lledoners, el pasado mes de julio, cuando se les suspendió el tercer grado / Maria Contreras Coll