Ningún hecho delictivo. El Fiscal Superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha informado este jueves que ha decretado el archivo de las denuncias recibidas de los grupos parlamentarios de Ciudadanos (Cs) y VOX contra el conseller de Educació, Josep González Cambray, a quien acusan de prevaricación y desobediencia para no aplicar la sentencia del 25% de castellano en las escuelas de Catalunya. Los hechos denunciados "no revisten ilícitos penales", afirma el fiscal superior y cierra las diligencias de investigación. También decreta el archivo de la denuncia de la asociación Hablamos Español y de Convivencia Cívica Catalana.
La denuncia de Cs fue presentada por el diputado Carlos Carrizosa, además de la jefa del partido Inés Arrimades, el 1 de junio pasado, y exponían que con el decreto ley 6/2022,sobre la elaboración y ejecución de los proyectos lingüísticos en los centros educativos, el conselller de Educació se salta la sentencia y la Constitución, y acusaban a González Cambray de prevaricación administrativa y de desobediencia grave. VOX también denunciaba Cambray de desobediencia.
Razonamiento de la fiscalía
En el informe, el Fiscal Superior de Catalunya recuerda que en diciembre de 2020 la sección quinta de la sala contencioso-administrativo del TSJC dio la razón a la Abogacía del Estado que el castellano tenía que ser una lengua vehicular y fijaba el 25%, resolución que confirmó el Tribunal Supremo el enero pasado. Bañeres añade: "Resulta evidente y contrariamente a lo que sostienen los denunciantes, que en esta resolución ni ninguna otra vienen a considerar que la utilización del idioma castellano como vehicular, en al menos un 25% de las asignaturas impartidas, sea un derecho que emane directamente de la Constitución española."
Con respecto al delito de desobediencia, el fiscal superior afirma que tendría que ser el tribunal que dictó la sentencia del 25%, que si considera que no se cumple su orden tendría que impulsar su denuncia por desobediencia de Cambray, acción que no ha realizado, con todos los trámites de su ejecución. Recientemente, el TSJC ha suspendido la execucició del 25% de castellano al considerar que la nueva normativa de la Generalitat supera la resolución, y ha propuesto consultar al Tribunal Constitucional si son medidas anticonstitucionales.
Bañeres tampoco acepta que el conseller de Educació haya cometido el delito de prevaricación, ya que indica que el decreto ley 6/2022 y la ley 8/2022 fueron impulsadas por el Govern y aprobadas por el Parlament, y, por lo tanto, la responsabilidad no es única de Cambray, y contra la acción del legislativo hay otros caminos, como en el ámbito contencioso-administrativo y no el penal.