El Tribunal de Cuentas (TCu) celebra este viernes una audiencia previa para preparar el juicio contra los presidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y otros 32 excargos del Govern, a quienes la Fiscalía acusa de haber malbaratado 3,4 millones de euros públicos en el 1-O (1,2 millones de euros) y en la promoción exterior de Catalunya, del 2011 en el 2017 (2,2 millones). La consejera del Departamento 2.º de la sección de Enjuiciamiento del tribunal, Elena Hernáez Salguero, escuchará las peticiones de las acusaciones y las defensas, que pueden solicitar pruebas y testigos para el juicio, cuya fecha se fijará pronto. La defensa de los cargos de ERC ha adelantado que solicitará prueba documental, consistente en oficiar la Intervención de la Generalitat, para que certifique que determinados gastos que se reclaman "nunca se han producido" y, en consecuencia, "no hay daño en las arcas públicas". La Generalitat ya comunicó al Tribunal de Cuentas que no se considera perjudicada por el gasto realizado en el marco de la acción política del Govern.
Además, la Fiscalía ha comunicado recientemente una nueva rebaja en la suma de la responsabilidad contable que reclama a los líderes independentistas. Son los 332.000 euros de las facturas que la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) reclamaba al Govern por los anuncios de las vías del tren, y la Fiscalía los descuenta porque el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) resolvió el abril pasado que no tenía que pagarlas. Sin embargo, por estos anuncios, el exconseller Jordi Turull fue condenado por el Tribunal Supremo y se le sumó este gasto en el delito de malversación en concurso a la sedición. Anteriormente, la Fiscalía ya presentó un nuevo informe en que rebajaba los 9,4 millones de euros iniciales, calculados por el órgano fiscalizador —en un polémico informe— a 3,4 millones la supuesta responsabilidad contable atribuida a los cargos de Junts y de ERC. Por ejemplo, descuenta 1 millón de euros, en distintas partidas aprobadas por diferentes departamentos del Govern para pagar a Unipost las tarjetas censales del 1-O. No se llegaron a pagar y por eso, no se contabilizan.
La reclamación de SCC es de 5,3 millones
No obstante, Sociedad Civil Catalana (SCC), que es acusación en este procedimiento, sí que reclama esta partida de Unipost. Además, en la vía penal, hay encausados a los cuales se les acusa de malversación por la partida de Unipost, como el exdirector de la empresa, Pablo Raventós. Habrá que ver si la reforma del Código Penal, que rebaja el castigo en la administración desleal, favorece a los encausados pendientes de juzgar.
La reclamación por las obras en la nave del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) también decayó en el Tribunal de Cuentas, como también en el procedimiento penal que se sigue en el TSJC para los aforados, y que permitió que la consellera Natàlia Garriga, no sea acusada de malversación porque solo tenía esta partida. En la causa del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, con una treintena de excargos de la Generalitat y tres empresarios investigados, la Fiscalía no ha retirado ninguna partida, aunque lo detallará cuando presente el escrito de acusación.
Los investigados son 35
Los acusados por parte de la Fiscalía y de SCC no coinciden en este procedimiento del Tribunal de Cuentas (el B-180/21), como tampoco las partidas reclamadas. En concreto, el Ministerio Público presentó el abril pasado una demanda contra 35 excargos del Govern (donde incluye a la mayoría de delegados de la Generalitat en diferentes países), y pedía retirar la acusación a los exconsellers Joaquim Forn y Josep Rull, así como 14 cargos más. Por su parte, Sociedad Civil Catalana (SCC) dirige la demanda contra once ex altos cargos del Govern y reclama que devuelvan 5,3 millones de euros. En este caso, la entidad españolista retiró la acusación al exconseller de Economía, Andreu Mas Colell.
Los embargos y las fianzas
La rebaja en la reclamación de la Fiscalía también implicó que el Tribunal de Cuentas tuviera que devolver 2,9 millones de euros que aportó la Caixa de Solidaritat, con donaciones ciudadanas para cubrir las responsabilidades contables del 1-O. Y también los 2 millones que ERC depositó para cubrir la responsabilidad contable reclamada a todos los encausados en la pieza de Exteriors, que finalmente se juzgará conjuntamente con el 1-O. Además, en la causa de Exteriors, se pudieron levantar los embargos particulares, ya que la sala rectificó a la instructora y aceptó que las fianzas se puedan cubrir con los avales del fondo de la Generalitat, a través del Institut Català de Finances (ICF) y gestionados por el Departamento de Economía.
Fue excepcional la resolución, del marzo pasado, del Tribunal Cuentas, en la cual revocó el veto que la instructora de las causas catalanas había impuesto en los avales del Institut Català de Finances (ICF), presentados por los presidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, al exvicepresidente Oriol Junqueras y otros ex altos cargos del Govern para cubrir los iniciales 5,4 millones de euros fijados como liquidación provisional por la acción exterior del Govern del 2011 a 2017. Y fue muy crítico contra la negativa a aceptarlos de la delegada instructora, Esperanza García. Un hecho muy excepcional y más cuando el Tribunal de Cuentas es acusado de falta de transparencia e inquisitivo.