La Fiscalía General del Estado (FGE) revisará 82 procedimientos penales que afectan a 486 personas por si se pueden acoger a la ley de amnistía, según ha informado la portavoz de la Fiscalía este miércoles por la tarde. Son procedimiento que actualmente están en tramitación, y, por lo tanto, no están todos los casos, como por ejemplo las causas con las condenas firmes, y en algunos casos cumplidas. Se cuentan procesos en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), además de las audiencias provinciales y de juzgados de instrucción. Con todo, faltan casos. Por ejemplo, se contabiliza la causa de Tsunami Democràtic en la Audiencia Nacional, pero no la del Supremo, que afecta al president en el exilio Carles Puigdemont y al diputado de ERC Ruben Wagensberg. La aplicación de la amnistía la tendrá que decidir el juez o jueza que tenga cada caso o revise una condena, pero si el representante del ministerio público está a favor, casi siempre el magistrado lo respeta.

Estos datos de la Fiscalía, sin embargo, no se alejan de las cifras dadas por las entidades independentistas catalanas. Alerta Solidària ha cifrado en 419 las personas (sin contar a políticos) que se tienen que beneficiar de la norma del olvido penal, que ha entrado en vigor este martes. Por su parte, Òmnium Cultural ha afirmado que 1.616 represaliados se pueden acoger a la amnistía, y de este total, unas 697 personas están en procesos penales. La entidad cultural ha puesto en marcha la Sindicatura de l'Amnistia, que, a través de su web, ofrece documentación y formularios para pedir ser amnistiados. Por ejemplo, hay 919 personas multadas por la ley mordaza y el Govern ha asegurado que les devolverá el dinero de oficio.

 Causas concretas

Así, en el listado de la Fiscalía se cuenta un procedimiento en el Tribunal Supremo por la causa de sedición, malversación y desobediencia del 1-O, a pesar de que hay dos niveles: los procesados y pendientes de juicio —Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig—, además de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, por desobediencia, y la de los presos políticos condenados e indultados parcialmente, de los cuales Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa tienen en vigor la inhabilitación por delito de malversación. El posicionamiento de la Fiscalía en este procedimiento se espera polémico porque los fiscales del Supremo ya han informado este miércoles al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que consideran que los siete políticos no pueden ser amnistiados por el delito de malversación. El fiscal del Estado tendrá que imponer su posicionamiento.

En el caso de la Audiencia Nacional, se contabilizan dos procesos: el de Tsunami Democràtic, donde hay 10 investigados por terrorismo, delito que la Fiscalía no comparte porque asegura que como mucho hubo desórdenes públicos, delito incluido en la ley, y seguramente estará a favor de la amnistía. El juez Manuel García-Castellón ya ha preguntado a las partes si los hechos investigados encajan en la norma, como ya han pedido la mayoría de defensas, mientras que se espera la oposición de las acusaciones de los dos policías y de las entidades españolistas. La segunda causa es la de los 12 CDR procesados por terrorismo en la operación Judas, a los cuales la Fiscalía pide elevadas penas de prisión y el tribunal ha convocado a una vista el 27 de junio, en la cual las defensas volverán a pedir la suspensión del juicio, en este caso por la aplicación de la ley de amnistía.

Caso de la ACM, devuelto al juzgado

En cuanto al TSJC, la Fiscalía contabiliza dos causas vivas: el juicio pendiente a los cargos de ERC por el 1-O Josep Maria Jové, Lluís Salvadó i Natàlia Garriga, y un segundo sobre gastos de la Associació Catalana de Municipis (ACM). Este caso, sin embargo, fue devuelto el febrero pasado por el TSJC al juzgado de instrucción 16 de Barcelona porque no se había interrogado ninguno de los investigados. Y, por lo tanto, será este magistrado quien tenga que resolver si amnistía a los investigados. El TSJC fue el primer tribunal a aplicar la norma y ya ha preguntado por las causas que tiene del 9-N y del 1-O: tres ejecutorias y el juicio pendiente por el 1-O.

Aparte, se contabilizan 5 causas en la Audiencia de Barcelona por delitos de desórdenes públicos, prevaricación y malversación, y 18 causas en juzgados de instrucción y penales de Barcelona, L'Hospitalet, Badalona, Martorell, Sant Feliu de Llobregat, El Prat, Vilanova i la Geltrú, Sabadell y Cerdanyola, Mataró, Granollers y Terrassa. En la demarcación de Girona, se cuenta una causa en la Audiencia de Girona por el delito de prevaricación, y 12 causas en juzgados de instrucción y penales de Girona; 5 en Figueres y 1 en La Bisbal. En Lleida se cuentan 6 causas y 1 en Solsona. Y finalmente, en la demarcación de Tarragona hay 8 procesos penales, 2 en Tortosa, 1 en Reus y 1 en Valls.