Nuevo movimiento. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha preguntado a la Fiscalía y al resto de acusaciones si tiene que dictar una orden de detención de los seis encausados por terrorismo de Tsunami Democràtic que no se presentaron al juzgado ayer, según una resolución dictada este jueves. La Fiscalía ya ha comunicado que se opone y que da apoyo a los recursos presentados por los abogados defensores para que se les permita declarar por videoconferencia desde Suiza y de Colombia, como se ha permitido a los encausados del  Tribunal Supremo. Además, el ministerio fiscal recuerda que los investigados no tienen medidas cautelares anteriores, como comparecencias al juzgado o retirada del pasaporte. La providencia llega a una semana de la aprobación definitiva de la ley de amnistía, que tendría que hacer archivar las causas de Tsunami en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo.

Por el contrario, es muy probable que las acusaciones de los dos agentes de la policía española, de Vox y Sociedad Civil Catalana  pidan al juez que dicte una orden de búsqueda y detención contra los investigados citados y que no se presentaron en el juzgado. No será una tarea fácil porque la mayoría están en el extranjero. Son: el exconseller de ERC Xavier Vendrell, que está en Colombia, mientras que el vocal de Òmnium, Oleguer Serra, el periodista Jesús Rodríguez, el activista Josep Campmajó están en Suiza, donde se exiliaron el noviembre pasado en conocer su imputación por terrorismo.

Además, en una segunda providencia de este jueves, el juez detalla que la policía ha informado que no ha localizado al informático Jaume Cabaní, y en cuanto al italiano Flavio Giulio Foglia se le ha informado que vive en Lugano e indica que hará una comisión rogatoria a Suiza para pedir su dirección para citarlo.

Nuevas citaciones para Marta Rovira y Oriol Soler

Con respecto a las declaraciones de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y del empresario Oriol Soler, que el juez  García-Castellón permitió aplazar porque sus abogados Iñigo Iruín y Benet Salellas, respectivamente, tenían otras acciones judiciales, les pregunta ahora si podrían declarar a finales de mayo o la primera semana de junio. Sin contar que la ley de amnistía será aprobada el 30 de mayo. Y de Josep Lluís Alay, director de la oficina del president Puigdemont, pide un informe de su estado de salud a su abogado, Gonzalo Boye.

 

Solo una encausada, Marta Molina

En la declaración de este miércoles, solo se presentó Marta Molina, dirigente de ERC, que el magistrado dejó en libertad sin medidas cautelares, después de declarar escasos cinco minutos desde los juzgados de Barcelona al central de Madrid. Molina solo respondió a las preguntas de su abogada, Marina Roig, y aseguró que no hizo ningún llamamiento a la violencia y que seguía las movilizaciones que proponía Tsunami contra la sentencia del Procés a los líderes independentistas catalanes, el 2019, a través de los medios de comunicación. Y es que la Guardia Civil en los atestados solo indica que Molina coordinó protestas, como por ejemplo un intento verbal de hacer una caravana de vehículos para colapsar el aeropuerto de Barajas, que ni se materializó.

Resoluciones contra la amnistía

El titular del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional empezó a investigar las acciones de Tsunami, el 2019 y de forma secreta, y no fue hasta el 6 de noviembre pasado que hizo una lista de 12 personas investigadas  y por el delito de terrorismo, y por primera vez ponía el president en el exilio Carles Puigdemont. Entonces no dictó ninguna orden de detención y no ha citado a los investigados hasta ahora, un hecho que se interpreta como una voluntad del juez para torpedear el acuerdo para aprobar la ley de amnistía, puesto que ha dictado resoluciones a la vez que el PSOE llegaba a acuerdos con Juntos y ERC.