Nada. La Fiscalía Superior de Catalunya rechaza que se investigue al juez Joaquín Aguirre por los delitos de prevaricación y malversación de fondos, denunciados por el president en el exilio, Carles Puigdemont, el pasado julio. Puigdemont, junto con el director de su oficina, Josep Lluís Alay, y el abogado de ambos, Gonzalo Boye, presentó una querella contra el titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona por haberlos investigado de forma irregular en el caso Volhov, una supuesta injerencia rusa en el independentismo catalán. Cinco meses después de presentarla, la Fiscalía pide al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que la desestime porque “no hay indicios de los hechos imputados”, según el escrito comunicado este lunes.
En la querella, Boye aseguraba que el juez Aguirre había prevaricado porque había desobedecido la orden de la Audiencia de Barcelona que lo ordenaba detener la investigación de la pieza 2 del caso Volhov sobre la supuesta trama rusa del procés. El juez, sin embargo, abrió una nueva pieza que denominó injerencia rusa, a partir de todo lo investigado y desde la pieza no cerrada de las fundaciones Catmon e Igman, del caso Diputación, sobre supuestas subvenciones irregulares a entidades próximas a Convergència. Con esta nueva pieza, el juez Aguirre denegó la amnistía e hizo una exposición razonada elevada al Tribunal Supremo para que investigue a los presidents Artur Mas y Puigdemont y una decena más de personas. La mayoría de abogados de los encausados presentaron un recurso contra esta decisión en la Audiencia de Barcelona, pendiente de resolver, que también calificaba de irregular esta acción. La Fiscalía, sin embargo, no lo comparte.
“No es una resolución injusta”
En el informe, la fiscal Assumpta Pujol afirma que la resolución del magistrado Aguirre “no es una resolución injusta”, tal como exige el Tribunal Supremo de los delitos de prevaricación, en los que debe haber una acción objetiva, pero también subjetiva, en la que el magistrado sea consciente de la irregularidad que comete. Añade que el magistrado Aguirre “ha ejercido una opción jurídicamente aceptable y posible”, con la creación de la nueva pieza sobre la injerencia rusa, en el auto del 21 de junio pasado.
Incluso, la fiscal Pujol asegura que Puigdemont, Alay y Boye exponen unos hechos “no ajustados a la realidad” porque sostiene que la pieza 2 del caso Volhov “no era sobre la trama rusa”, sino que el magistrado la abrió en julio de 2019 por los delitos de malversación de fondo y blanqueo, cuando la Guardia Civil le aportó unas conversaciones que el exdirigente convergente Víctor Terradellas tuvo y guardó en su móvil, con David Madí y Xavier Vendrell, y también se investigaba a Xavier Vinyals. Se olvida, sin embargo, la fiscal, de detallar que en estas conversas, Terradellas les decía a Madí y Vendrell, en conversaciones diferentes, que se habían prometido 10.000 soldados rusos y “el president es va cagar a las calces”, en palabras de Terradellas.
La Audiencia de Barcelona criticó al juez Aguirre por haber convertido la pieza 2 del caso Volhov “en un repositorio de informes policiales” y por eso le ordenó no prorrogar más la investigación y detenerla en agosto de 2023. La fiscal lo comparte, pero avala la actuación del juez de ir cogiendo los informes y haciendo piezas “en el momento oportuno” ante la “cristalización progresiva” de la investigación. Y, sin indicios de prevaricación, la fiscal también descarta la malversación de fondos por parte del magistrado, al haber cambiado la instrucción de la Guardia Civil a la policía española y encargado nuevas actuaciones.
Ahora, el magistrado Carlos Ramos, instructor del TSJC, tendrá que decidir si desestima o no la querella contra el magistrado Aguirre, que está a las puertas de jubilarse. La Audiencia de Barcelona también tiene que resolver los recursos de los encausados por la supuesta trama rusa.