La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que no rebaje la condena de 4 años y medio de prisión y 13 de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental impuesta a la expresidenta de Junts Laura Borràs, en la vista que se ha celebrado este martes en el alto tribunal español, según informa Europa Press. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) castigó a Borràs por haber fraccionado contratos para adjudicarlos a un amigo experto cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre los años 2013 y 2018. Sin embargo, la representante del Ministerio Fiscal ha asegurado que ve "pertinente" la petición de indulto de Borràs que hizo el mismo TSJC, en la sentencia que la condenó. La Fiscalía también se opone que el Supremo aplique la ley de amnistía a Borràs, tal como recoge su escrito presentado ante el tribunal, pero la fiscal no lo ha explicitado en la vista de este martes, según fuentes jurídicas
En la sentencia, el tribunal del TSJC -presidido por el magistrado Jesús María Barrientos- aseguró que el tipo básico del delito de falsedad documental que fija la ley y que imponía a la expresidenta de Junts "era excesivo", y, apostaba que el Gobierno le concediera un indulto parcial y le rebajara la pena a la mitad, es decir a dos años de prisión, para que Laura Borràs no tenga que entrar a un centro penitenciario. En concreto, el TSJC condenó a Borràs a 4 años y 6 meses de prisión y 4 años de inhabilitación por el delito de falsedad documental, y a 9 años de inhabilitación por el delito de prevaricación.
Reclamo de absolución
En la vista, la teniente fiscal del Supremo Ángeles Sánchez Conde ha expresado el posicionamiento del ministerio público, y ha insistido en que a pesar de la petición de indulto, eso no significa que la condena no haya sido correcta, y que se desestime la petición de la defensa de la expresidenta del Parlament. La Fiscalía, que pedía 6 años de prisión y 23 de inhabilitación para Borràs, no presentó recurso contra su condena rebajada.
Los abogados de Borràs, Gonzalo Boye e Isabel Elbal, presentaron un recurso contra la condena de la líder de Junts, dictada por el TSJC en el 2023, y pedían su absolución, además de denunciar vulneración de sus derechos. El reclamo de absolución se ha mantenido en la vista.
Una condena con grietas
La defensa de Borràs, también ha insistido en que la sentencia del TSJC no fue por unanimidad. La magistrada María Jesús Manzano emitió un voto particular, contra la de sus otros dos magistrados, en el cual sostiene que la presidenta de Junts no cometió un delito de falsedad en documento público, sino que solo de documento privado, y que se lo tendría que condenar como mucho a 21 meses de prisión, al aplicarle dilaciones indebidas del procedimiento, que duró más de cinco años.
Paralelamente, Laura Borràs pidió al Supremo que le aplicara la ley de amnistía, cuando entró en vigor el verano pasado, al considerar que desde la Institución "divulgó el proyecto independentista y no se enriqueció".