La fiscalía del Tribunal Supremo se ha opuesto a los recursos presentados por Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig contra las actuaciones de Pablo Llarena y ha pedido al Tribunal Supremo que confirme "la absoluta idoneidad" de mantener las órdenes de detención contra ellos.
El pasado 10 de enero, el juez acordó mantener las euroórdenes en su contra e inició los trámites del suplicatorio en el Parlamento Europeo que le permitirá actuar contra los eurodiputados. De esta manera, el ministerio público insta a la sala de lo penal que confirme íntegramente esta decisión y rechace las impugnaciones.
Las defensas de Puigdemont, Comín, Ponsatí y Puig esgrimían que por la inmunidad que les ha otorgado la condición de europarlamentarios no pueden ser detenidos en ningún Estado miembro de la Unión Europea excepto el español.
La fiscalía, sin embargo, ha recordado a Puigdemont que si pisa territorio español será detenido sin necesidad de pedir un suplicatorio al Parlamento Europeo. "Las órdenes de detención e ingreso en la prisión son plenamente ejecutivas en territorio nacional".
En el escrito presentado por la Fiscalía este miércoles —de 12 páginas— denuncia que "el hecho que todos ellos sigan, hoy por hoy, huidos de la justicia española es una circunstancia que justifica y fundamenta 'per se' la finalidad constitucionalmente legítima de la medida cautelar adoptada".
Además, rechaza plantear nuevas cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que aclare como interpretar en su caso la sentencia sobre Oriol Junqueras.
"No se trata de interpretar normas comunitarias sino normas españolas que son objeto de aplicación a europarlamentarios españoles. El objeto del reenvío prejudicial europeo no puede ser nunca una cuestión que haga referencia al derecho interno", argumenta sobre la petición del expresidente de la Generalitat y los exconsellers de preguntar al TJUE.
La Fiscalía ya pidió al magistrado instructor que mantuviera las órdenes tanto nacionales como internacionales de detención y acusación de "rebelión" de los exiliados del procés. En cambio, la Abogacía del Estado pidió su suspensión.