Pintan bastos de nuevo para Artur Mas, Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau. La exministra de Justícia de José María Aznar entre 1996 y 2000, Margarita Mariscal de Gante, supervisará en primera instancia la investigación del Tribunal de Cuentas (TCu) para determinar si, al organizar el 9N, los cuatro cometieron malversación contable (no penal, aunque lleve el mismo nombre que el delito). Así será si el TCu acepta la petición hecha hoy (pdf) por la Fiscalía de este organismo de nombrar un "delegado instructor" para al caso y que va dirigida al Departamento 2º de la Sección de Enjuiciamiento, el presidido por la exministra.

Si el procedimiento va adelante y se cierra en el peor de los casos, Mas, Ortega, Homs y Rigau tendrían que resarcir a la Generalitat los 5.129.833,97 euros que costó el 9N, más los intereses, a costa de su propio patrimonio. Aunque no hayan cometido malversación penal. De hecho, la primera tarea del delegado instructor será requerirles una fianza por todo o parte de aquel importe. En caso de que no la abonen, puede embargar sus bienes.

Además, el TCu dejaría la puerta abierta de par en par a que la Fiscalía o cualquier otro actor promueva un procedimiento penal por malversación de dinero público, delito del que, en su momento, la fiscalía decidió no acusarles y que podría llevarlos a la prisión (la pena va de tres a seis años más inhabilitación absoluta de seis a diez años).

Espada de Damocles

Peor aun, el procedimiento puede considerar a otros cargos y funcionarios de la Generalitat co-responsables de la malversación contable y, por tanto, obligados a resarcir a costa del propio patrimonio y a riesgo de ser encausados penalmente por malversación. Una espada de Damocles sobre la cabeza de todos el funcionarios.

La petición (pdf) al TCu fue presentada por las entidades unionistas Sociedad Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución el pasado 17 de mayo. Está redactada por los abogados Manuel Zunón Villalobos y Manuel Miró Echevarne.

El escrito del fiscal jefe del TCu, Miguel Ángel Torres Morato, apenas resume la petición de SCC y la traslada al departamento de Mariscal de Gante. Comete errores anecdóticos, como considerar dos entidades a "Sociedad Civil Catalana" y "Asociación Cívica y Cultural" cuando en realidad es el nombre legal de la misma cosa.

Este procedimiento, pues, en caso que acabe mal para los encausados, daría argumento para reabrir la acusación descartada de malversación de dinero público, un delito no juzgado que, por lo tanto, los haría pasar otra vez por los tribunales. Mas, Ortega, Rigau y Homs ya fueron condenados a penas de inhabilitación por desobediencia y absueltos de prevaricación.

Un organismo político

A pesar de su nombre, el TCu no es parte de la organización judicial. Se trata de un órgano incorporado a la Constitución de 1978 que depende de las Cortes y revisa el uso del dinero público de cualquier administración, organismo o empresa públicas y su responsabilidad contable.

Es, pues, un órgano político. Los trece integrantes de su plenario son nombrados por el Congreso y el Senado a propuesta de los partidos, excepto el Fiscal, que es designado por el gobierno central y depende de la Fiscalía General del Estado. Uno de los consejeros es Manuel Aznar, hermano del expresidente. Otro es Lluís Armet, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona entre 1987 y 1995. Entre el resto, buena parte son jueces y letrados que han hecho su carrera en el mismo TCu.

Fuentes jurídicas han explicado a El Nacional que el TCu "ya tiene hecha la instrucción del caso si la inspección de las cuentas de la Generalitat es la adecuada. Son cifras anotadas. Las cuentas dejan poco margen de interpretación".

El procedimiento del TCu no es un procedimiento contradictorio típico, con acusación y defensa, práctica de pruebas, etcétera, sino que opera sobre documentos y decide en función del criterio de los consejeros. Las sentencias pueden recurrirse a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, la instancia que ya condenó a Francesc Homs por desobediencia grave a un año de inhabilitación.

Las intenciones de SCC

La denuncia de SCC no esconde sus intenciones políticas en relación al referéndum de autodeterminación que debe convocarse este mes. "Con esta denuncia", dice el texto, "además, se sentará un precedente que evite la repetición de la posible malversación de fondos públicos en un nuevo referéndum ilegal".

SCC explicita también su voluntad de asustar a los funcionarios, "La denuncia no descarta que pueda extenderse la responsabilidad contable a los altos funcionarios que se acredite que colaboraron en la tramitación de los expedientes administrativos generadores del gasto de la consulta ilegal". Una sombra que pesará a la hora de tomar y ejecutar las decisiones para organizar el referéndum.

El Fiscal del TCu, que asume la denuncia de SCC casi literalmente, alega que Mas, Ortega, Homs y Rigau "dispusieron de fondo para llevar a cabo un proceso de participación ciudadana que no tiene ninguna cobertura constitucional y presupuestaria (...), por lo cual destinaron dinero y medios públicos (...) para una finalidad ajena a las competencias y funciones públicas que tenían encomendadas, que aunque son amplias, lógicamente, no eran ilimitadas".

Acto seguido, expone que crearon una dotación económica "de fondos públicos por un importe no inferior a 5.129.833 € para realizar un conjunto de actuaciones en abierta y franca contradicción con la Constitución, desprovistas de apoyo presupuestario por desbordamiento competencial, y desobedeciendo la orden de suspensión que había decretado el Tribunal Constitucional".