La Fiscalía ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que aplique la ley de amnistía al expresidente de la Generalitat Artur Mas, a la exvicepresidenta Joana Ortega y a la exconsellera Irene Rigau por la consulta participativa del 9 de noviembre de 2014, en lo que fue uno de los puntos de origen del procés independentista. Los hechos ya fueron juzgados y comportaron que se condenara a los tres exmandatarios catalanes por un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional. Ahora, sin embargo, la Fiscalía considera que este delito se engloba plenamente en los supuestos que describe la ley de amnistía, según consta a la petición, consultada por ElNacional.cat. Como las penas impuestas a los tres exmiembros del Govern ya se han ejecutado plenamente, la aplicación de la amnistía comportaría que estos expedientes fueran eliminados de sus registros judiciales.
El intento de Aguirre para esquivar la amnistía
Pero, mientras tanto, Mas tiene un nuevo frente. El juez del caso Volhov, Joaquín Aguirre, ha abierto una nueva pieza para poder investigar a los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, por los delitos de malversación y traición en la supuesta trama rusa, con el fin de intentar esquivar ley de amnistía del procés y la orden que le dio la Audiencia de Barcelona para que detuviera toda investigación. El delito de traición está excluido de la amnistía si se demuestra que ha sido involucrado en un ataque de un país extranjero contra el Estado español. Así, el juez Aguirre eleva a delictiva la actuación política del presidente Mas y lo acusa de iniciar la campaña del procés de independencia de Catalunya en 2012, y campañas como España nos roba. A la resolución, no hay ningún hecho delictivo concreto ni nuevo, solo viajes y gastos para la promoción de Catalunya en el exterior, que ya ha juzgado el Tribunal, Supremo y el Tribunal de Cuentas.
En respuesta, Artur Mas ya acusó al juez Joaquín Aguirre de "fabricar una causa ex novo para evitar los efectos de la amnistía". En un breve comunicado, el presidente lamentó que se enteró "por los medios de comunicación". "Una vez leído el texto, no puedo dar crédito al retorcimiento argumental y a la febril imaginación que se utilizan para abrir esta nueva investigación", ha dicho. Y el abogado Gonzalo Boye aseguró que Aguirre "no está capacitado para ser juez" y ha alertado de que "los psicotrópicos pueden ser peligrosos y llevan a delirios". "La auténtica malversación es esta", ha dicho el abogado de Puigdemont, que ha defendido que dar apoyo a un auto como esta supone "tirar a la papelera el poco prestigio que le va quedando a la judicatura" por este tipo de actuaciones.