La Fiscalía General del Estado (FGE) ha presentado su memoria de actuaicones del 2021, como es tradicional, coincidiendo con la apertura del año judicial, realizado este miércoles. En el documento, de más de 1.500 páginas, se incluye a la actividad de las distintas fiscalías especializadas. En el caso de la Audiencia Nacional se destaca la investigación a grupos terroristas, en los cuales se incluye el "Movimiento Violento Independentista Catalán", junto con el de ETA, disuelto y sin ningún atentado; el llamado anarquismo insurreccional o el independentismo "radical" gallego. De los grupos catalanes se destaca que han protagonizado 54 acciones "violentas y de sabotaje en España", la mayoría de las cuales en Barcelona (30). Lo más sorprendente es que las principales actuaciones son: manifestaciones "ilegales" (11), quema de símbolos (10), colocar pancartas (8) e incluso "estropear simbología franquista" (7).
Además, la Fiscalía, dentro de los "procedimientos más relevantes del área de terrorismo", incluye lo que califica como actuaciones contra "el independentismo violento en Catalunya". En concreto, cita la investigación secreta iniciada en el juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional hace cinco años con las diligencias previas 104/2017, que continúan secretas y de la cual se ha denunciado que es una investigación prospectiva y posiblemente enlazada con el espionaje con Pegasus a políticos y líderes sociales. Esta causa continuó con las diligencias 99/2018 y las 85/2019, que llevó a la detención de 9 personas el 23 de septiembre de 2019 en la llamada Operación Judas, que quedaron al libertar al evidenciarse que no tenían explosivos, todo y que sí materiales precursores. Este caso se amplió con la acusación de cuatro personas más, de las cuales se evidenció su nula peligrosidad, ya que pudieron declarar por videoconferencia desde Sabadell y no se les puso ninguna medida restrictiva.
La mayoría de estas acciones, supuestamente con carácter terrorista para la Fiscalía, se han realizado en Catalunya.
El caso Volhov, en el área de terrorismo
Una de las novedades es que ara la fiscalía suma una parte del caso Volhov, que investiga el titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, en esta causa secreta contra el independentismo y etiquetada como terrorismo, al afirmar que "recientemente se han incorporado nuevos testimonios" del caso Volhov y que la información remitida "está pendiente de ser analizada por los servicios policiales". Se refiere a la parte de Tsunami Democràtic para descubrir a sus impulsores, que consiguieron grandes movilizaciones el 2019 contra la sentencia del Supremo a los líderes independentistas. Fue el juez Manuel Garcia Castellón quien reclamó al magistrado de Barcelona Joaquín Aguirre la parte de Tsunami, y donde están como principales investigados el exconseller de ERC Xavier Vendrell; el exdirigente de CDC David Madí, el empresario Oriol Soler, y el jefe de la oficina del president Puigdemont, Josep Lluís Alay.
Seis detenidos el año 2021
De las detenciones practicadas el año 2021, la Fiscalía destaca que la Guardia Civil detuvo a dos personas relacionadas con el colectivo independentista radical l'Estaca, que sostiene que reivindicó la autoría de varias acciones de sabotaje en diferentes puntos de Catalunya. Y también de cuatro personas en las manifestaciones del aniversario del Referéndum del 1-O en Barcelona.
A pesar de estas clasificaciones extremas, la Fiscalía afirma que el año 2021, por distintos factores sociopolíticos y la crisis sanitaria Covid-19, "ha sido un año de exigua actividad violenta del independentismo radical y violento catalán", con el mantenimiento "de acciones simbólicas, como los cortes diarios de la avenida Meridiana de Barcelona, y otras reivindicaciones en diferentes puentes sobre carreteras." Y concluye: "Lo que en la etapa del 2017-2019 constituyó una genuina red, coordinada y dinámica, de ejercicio de la violencia en la calle, mayoritariamente de baja intensidad, ha decaído al mismo ritmo que la militancia radical ha ido abandonando la acción directa."
Anarquistas y Hásel
En el apartado de terrorismo, la fiscalía también incluye lo que llama "anarquismo insurreccional", y que el año pasado, "con el apoyo de militantes italianos", sostiene que centró "sus esfuerzos propagandísticos" en los presos del 27-F, en referencia a los jóvenes detenidos y en prisión preventiva por haber protagonizado acciones violentas en la manifestación en Barcelona como protesta por la detención e ingreso en la prisión del rapero Pablo Hasél.
En el apartado de terrorismo, también se afirma que se constata un "gradual goteo de incidentes donde hay implicados elementos de Extrema Derecha", especialmente son acusados de ataques y delitos de odio a colectivos vulnerables, como los migrantes, y contra el movimiento LGTBIQ.