La legislatura española ha cogido aire esta semana. Pedro Sánchez respira más tranquilo desde que el coordinador de la mediación PSOE-Junts frenó la escalada de tensión provocando que los independentistas retiraran la cuestión de confianza al presidente del Gobierno. Y, paralelamente, el líder socialista ha vuelto a hacer uso de su cafetera de 17 tazas para ampliar a todas las autonomías el pacto con Esquerra Republicana que condona la deuda de Catalunya con el FLA. Esto ha dividido internamente al PP. El líder del PSOE ha colocado a los populares en una situación tan complicada que el pasado miércoles los consejeros de las comunidades gobernadas por los populares tuvieron que hacer un número y plantar entre aspavientos a María Jesús Montero en la reunión del Consejo de Político Fiscal y Financiera.
Junts y PSOE se reunieron el viernes de la semana pasada en plena inflamación del conflicto entre ambas formaciones, a las puertas de debatirse en el Congreso de los Diputados la iniciativa de los juntaires sobre una cuestión de confianza a Pedro Sánchez. Los socialistas celebraban el resultado de aquella reunión solo unas horas más tarde: al día siguiente, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero —que participa en reuniones con el mecanismo de verificación internacional— señalaba en un acto de su partido en Andalucía que "la legislatura durará hasta 2027". Todo tomaba sentido el domingo: el coordinador de esta mediación, Francisco Galindo Vélez, pidió al partido de Carles Puigdemont que retirara la proposición no de ley que instaba a Pedro Sánchez a someterse a esta prueba de fuego; y Junts lo aceptó.
"Lo que manifiesta la intervención del mediador y la retirada de la cuestión de confianza es que hay voluntad de hacer las cosas bien; nadie quiere estrellarse o caer por ningún precipicio", analiza un histórico socialista en conversación con ElNacional.cat en el Congreso de los Diputados. Fue todavía más concisa la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, cuando este pasado martes se le preguntaba en rueda de prensa a cambio de qué había retirado Junts la cuestión de confianza. "A cambio de diálogo", resumía. De la misma manera, un destacado miembro del grupo parlamentario capitaneado por Míriam Nogueras en Madrid apunta que Junts, sencillamente, obedeció "el tiempo muerto que ha pedido el árbitro". Los independentistas señalan que el gesto de retirar la cuestión de confianza es una "concesión", en ningún caso una "cesión". Y destacan su satisfacción con el comunicado emitido por el coordinador del mecanismo de verificador, en tanto que es un texto que también golpea a los socialistas: denuncia que hay varios acuerdos políticos entre ambas partes que no han acabado de materializarse.
Miembros de la alta jerarquía del Consejo de Ministros y de la cúpula de Junts tienen que responder constantemente sobre las negociaciones por la delegación a la Generalitat de las competencias en inmigración. Ambas partes manifiestan lo mismo en público que en privado: es complicado llegar al acuerdo definitivo, pero las conversaciones continúan en marcha. Este pasado martes, a pesar de las preguntas de los periodistas, Pilar Alegría no indicaba si se habían producido avances en esta carpeta. Otra ministra del ejecutivo apuntaba en conversación informal que el acuerdo definitivo en esta carpeta no llegará pronto porque los escollos se han enquistado. Las fuentes de Junts consultadas por este periódico indican que, a estas alturas, las conversaciones continúan atascadas en el mismo punto que hace unas semanas: sin entendimiento en la expedición de Documentos de Identidad para Extranjeros (NIE), en la tramitación de expulsiones de inmigrantes y en la presencia de los Mossos d'Esquadra en las fronteras. Los socialistas insisten, a pesar de todo, en que habrá acuerdo; le tienen cada vez menos miedo al desgaste electoral que pueden producir sus concesiones al independentismo: "Este coste político ya lo pagamos el 23-J por negociar con Bildu y ERC y pactar los indultos".
Sin presupuestos en el horizonte; sin miedo de una nueva prórroga
Aunque la legislatura coja aire, todo indica que se llegará al ecuador del mandato trampeando sin presupuestos. "Estamos trabajando para que la Generalitat tenga más recursos a través del llamado techo de gasto" dejaba por escrito este miércoles Carles Puigdemont en su cuenta de Twitter (X). Pero fuentes de Junts indican a ElNacional.cat que tampoco se ha producido ningún avance en la negociación de la senda de déficit, tumbada por los independentistas en el primer aniversario de las elecciones del 23-J y retirada del orden del día el pasado septiembre por el Gobierno con el fin de no sufrir un idéntico porrazo parlamentario. Se trata de un paso imprescindible para presentar unas nuevas cuentas generales. Los socialistas, de todos modos, tienen cuello abajo que necesitan cerrar antes la carpeta de la inmigración para abordar la de los PGE.
Fuentes de la dirección de ERC también explican a este periódico que no tienen ninguna intención de aprobar ni los presupuestos españoles ni los catalanes. Los republicanos quieren hacerse ahora suya la estrategia del 'pieza a pieza' y trasladan que antes quieren ver avances en la implementación de la financiación singular para Catalunya. Señalan que eso ya lo tienen asumido en la Moncloa, motivo por el que ya hace semanas que desde el Gobierno quitan hierro a un escenario en el que este 2025 tampoco no haya nuevas cuentas. "La suerte que tenemos es que tenemos unos presupuestos expansivos; tendríamos un problema si se hubieran redactado en plena crisis económica", señala un socialista a este periódico con el fin de desdramatizar el escenario de una nueva prórroga.
El PP, fracturado por la condonación de la deuda, obliga a las autonomías a hacer un numerito en el Consejo de Política Fiscal
La otra razón por la que Sánchez ha salido esta semana reforzado ha sido por la condonación de la deuda autonómica. El lunes, Oriol Junqueras anunciaba el pacto con el Gobierno para perdonar a Catalunya 17.000 millones de euros y solo unos minutos después el Ministerio de Hacienda anunciaba que el acuerdo se ampliaba a todas las comunidades autónomas por un valor total de 83.000 millones. Eso se traduce con que finalmente a Andalucía se le entregarán 18.000 millones y se le perdonará el 50% de su deuda; y solo el 20% en Catalunya.
A pesar de todo, Esquerra Republicana se muestra satisfecha con el acuerdo y no ve ningún agravio en el hecho de que el PSOE haya optado por un nuevo café para todos. Lo cierto es que tampoco Junts per Catalunya se ha opuesto firmemente a ello. Puigdemont, en su tuit del miércoles, señalaba que su partido no está en contra de ello; aunque, en todo caso, su apuesta es que a Catalunya se le perdone "toda la deuda". Porque el problema de fondo es el sistema de financiación y el espolio fiscal.
La medida ha cogido al PP a contrapié, porque primero cargó contra el acuerdo con ERC señalando que tendría que ser extensible a todas las autonomías, y ahora que la propuesta de la Moncloa es la que pedía, se defiende con el argumento que la condonación es igualmente una cesión al independentismo y que esta tiene que ir de la mano de una reforma del sistema. La dirección del PP ordenó a sus autonomías que se fueran de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y dejaran plantada a la ministra María Jesús Montero.
Al día siguiente del numerito, los populares empezaron a sufrir sus fracturas internas. El aragonés Jorge Azcón apostaba entonces por "leer la letra pequeña" de la ley una vez esta —si llega el caso— sea aprobada en el Congreso de los Diputados. "Ya veremos qué es lo que se aprueba, lo decidiremos en vista de eso y de lo que implica, ahora no lo podemos decidir", reconocían después desde el PP de Galicia. La Moncloa se siente ganadora de esta batalla porque ve a las comunidades del PP "atrapadas" entre sus intereses comunitarios y las órdenes que reciben por parte de Alberto Núñez Feijóo.